Madrid. Un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), dirigido por Daniel Leigh, cree que la aplicación de reestructuraciones de deuda de los hogares, quitas para entendernos, supondría alcanzar “beneficios significativos” a un relativamente bajo coste fiscal, al mitigar el impacto negativo de la morosidad sobre la demanda y el precio de la vivienda.
Los autores del informe analizan, en primer lugar, el hecho de que en muchas economías los hogares están haciendo frente a la pesada carga de la deuda que acumularon antes de la Gran Recesión. Aseguran que, en los cinco años previos a 2007, la relación entre la deuda y el ingreso de los hogares alcanzó máximos históricos tanto en las economías avanzadas como en algunas economías de mercados emergentes.
El hecho de que al mismo tiempo los precios de los activos experimentaran un auge —por ejemplo, en España, Estados Unidos, Irlanda, Islandia y el Reino Unido— significó que la relación entre la deuda y los activos de los hogares se mantuviera estable en términos generales, ocultando la exposición cada vez mayor de los hogares a un descenso brusco de los precios de los activos. Al bajar los precios inmobiliarios, la riqueza de muchos hogares se redujo en relación con su nivel de deuda; y al disminuir su ingreso, a esos hogares les resultó más difícil cumplir con los pagos de las hipotecas. El incumplimiento de pago de los hogares, las ejecuciones hipotecarias y las ventas forzosas son ahora fenómenos endémicos en varias economías.
Seguidamente se preguntan ¿cómo inciden estas circunstancias en la evolución de la economía? A lo que dan respuesta en base a estudios sobre economías avanzadas realizados en los últimos 30 años, los colapsos del mercado inmobiliario y las recesiones tienden a ser más graves y a durar más tiempo cuando les precede una mayor acumulación de deuda de los hogares. Estudios que vienen a decir que, en esa situación, el consumo de los hogares y el PIB real se contraen más, el desempleo aumenta más, el desapalancamiento de los hogares —ya sea por pago o por incumplimiento de las deudas— es más pronunciado, y la desaceleración de la actividad económica dura por lo menos cinco años.
La mayor contracción de la actividad tras estos colapsos es demasiado grande como para que sea atribuible únicamente a las mayores reducciones de los precios inmobiliarios. Y tampoco se debe exclusivamente a las crisis bancarias. Más bien, lo que explica la gravedad de la contracción es la combinación del descenso de los precios de los inmuebles con el aumento del apalancamiento previo al colapso. Estos hechos estilizados son coherentes con las predicciones de modelos teóricos recientes en los que la deuda y el desapalancamiento de los hogares provocan desaceleraciones profundas y prolongadas.
Por último, estiman que los gobiernos, para apoyar el crecimiento cuando la deuda de los hogares se convierte en un problema, deben aplicar políticas macroeconómicas como una herramienta crucial para evitar contracciones excesivas de la actividad económica durante ese tipo de episodios.
Por ejemplo, las transferencias del gobierno a los hogares desempleados a través de una red de protección social pueden apuntalar sus ingresos y reforzar su capacidad de servicio de la deuda, como sucedió en las economías escandinavas en los años noventa. El relajamiento de la política monetaria puede reducir rápidamente los pagos de las hipotecas, particularmente si las hipotecas tienen tasas de interés variables.
El apoyo al sector financiero puede mitigar el riesgo de que la tensión en los balances de los hogares afecte la disposición de los bancos a ofrecer crédito. No obstante, el estímulo macroeconómico tiene sus limitaciones. El límite cero de las tasas de interés nominales puede impedir que se efectúen recortes suficientes de las tasas, y un alto nivel de deuda pública puede restringir el alcance de las transferencias fiscales.
La aplicación de políticas focalizadas para la reestructuración de la deuda de los hogares puede aportar importantes ventajas. Los programas audaces y de gran alcance, como el de Estados Unidos en los años treinta y el de Islandia en la actualidad, pueden reducir significativamente el número de incumplimientos de los hogares y ejecuciones hipotecarias y aliviar sustancialmente la carga de reembolso de la deuda, a un costo fiscal relativamente bajo.
Así, estos programas ayudan a evitar ciclos en los que el descenso de los precios de la vivienda y la contracción de la demanda agregada se refuerzan mutuamente. Sin embargo, el éxito de estos programas depende de que su diseño sea adecuado. Los criterios de participación demasiado restrictivos y los incentivos mal estructurados pueden limitar la eficacia de los programas. Y a la inversa, los programas demasiado amplios pueden tener graves efectos colaterales y socavar la salud del sector financiero.
