Madrid. Aquí todo el mundo pide más inversiones para que los negocios se mantengan y se creen puestos de trabajo, y el Gobierno en lo que está es en recortar de dónde sea para cumplir con ese leonino objetivo de reducción del déficit marcado a sangre y fuego por las autoridades europeas para los dos próximos años.
Tras la propuesta de hace unas semanas lanzadas por los promotores, ahora han sido los empresarios, que acaban de ver las orejas con la reducción a la mitad de la obra licitada en enero, los que han trasladado al Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy un plan cuatrienal para invertir 80.600 millones de euros en infraestructuras hasta 2016, con lo que se crearían 480.000 puestos de trabajo y un incremento del PIB en casi punto y medio.
Un programa que es compatible con los objetivos de reducción del déficit de todas las Administraciones Públicas, ya que “una parte significativa de la inversión, más de la mitad”, provendría de la iniciativa privada, según David Taguas, presidente de la Comisión de Concesiones y Servicios de la CEOE.
Y lo desglosan de la siguiente manera: 50.000 millones en infraestructuras de transporte, 16.000 millones en dotaciones de gestión de agua, 10.000 millones más en servicios sociales y otros 4.600 millones en equipamiento sociosanitario. Por lo que a redes de transporte se refiere, la patronal pide anticipar la inversión en cinco corredores transeuropeos (Mediterráneo, Central, Atlántico, Cantábrico-Mediterráneo y Altlántico-Mediterráneo) con el fin de mejorar el tráfico de mercancías en tren, y completar las redes de alta capacidad de carreteras y ferrocarril.
Y la gran pregunta, ¿de dónde saldría la parte pública de esa inversión? Esos aproximadamente 40.000 millones. Pues, según Taguas, de la puesta en marcha, por parte de las Administraciones Públicas, de medidas para obtener recursos adicionales. Más carga para los ciudadanos a través de revisiones de las tarifas del agua o el pago por el uso de esas infraestructuras.
No se plantea en su propuesta la CEOE si esas infraestructuras son o no realmente necesarias. De lo que se trata es que haya cartera de obras y punto. Si luego se evidencia que su ejecución era prescindible es lo de menos. Ahí están, sirva de ejemplo, esas autovías de peaje por las que apenas transitan vehículos y a cuyas concesionarias el Estado, o sea todos nosotros, lleva tiempo ayudando a fondo perdido para que mantengan la actividad y no declaren insolventes.
