martes, 28 octubre 2025
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Aguirre Newman obtiene la homologación como sociedad tasadora por el Banco de España

Madrid. La iniciativa de lanzar un servicio de tasaciones acogido a la normativa ECO/805/2003 nace de la demanda por parte de clientes tradicionales del Grupo Aguirre Newman de contar con tasaciones de carácter hipotecario exigidas por sus Entidades financiadoras o bien por su normativa regulatoria como el caso de Compañías de Seguros, complementando el servicio de valoraciones inmobiliarias ofrecido por el Grupo Aguirre Newman desde su fundación en el año 1988.

Junto a la demanda del servicio por parte de los clientes Aguirre Newman, con sus capacidades técnicas, su conocimiento del mercado, de la demanda y de la oferta existentes, así como de las fluctuaciones de los valores y su evolución previsible, puede realizar una gran aportación a las necesidades y requerimientos de un mercado como el de la tasación que ha de hacer frente en determinados ciclos a un entorno cambiante, volátil y con grandes incertidumbres, que han hecho de esta actividad una disciplina enormemente compleja que requiere de amplias capacidades y es clave para la solidez de mercado y las financiaciones que en él se producen

Aguirre Newman Valoraciones y Tasaciones, que operará en todo el mercado español, gozará de autonomía e independencia operativas, contará con sus propios medios de control y ocupará un espacio de acceso diferenciado y desvinculado de las restantes áreas del Grupo Aguirre Newman.

El Consejo de Administración de Aguirre Newman Valoraciones y Tasaciones estará presidido por Gregorio Marañón Medina, arquitecto de prestigio e independiente del Grupo Aguirre Newman al que se unen Javier Sarrado García-Forcada, Director Financiero de Aguirre Newman y Emilio Langle Franco, Director General de la nueva firma.

El servicio de tasaciones, al igual que sucede con el de valoraciones bajo normativa RICS (Royal Institute of Chareted Surveyors1), que presta el Grupo Aguirre Newman desde sus inicios, cumplirá estrictamente con los criterios de objetividad y total independencia exigidos por Ley.

 

 

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