Vitoria. El Departamento de Vivienda actuará contra las inmobiliarias que propongan cualquier sobreprecio en los contratos privados de venta de viviendas protegidas de segunda mano. Como ya explicó el Departamento de Vivienda recientemente, cualquier inmobiliaria que así lo desee puede, puesto que es una posibilidad legal, ofrecer servicios de intermediación en operaciones de venta de pisos protegidos usados tanto a las personas propietarias como a las interesadas en su adquisición, pero en cualquier caso deberá respetar en todos sus términos el proceso de venta específico al que están sometidas las viviendas calificadas como VPO.
El Departamento de Vivienda confía por tanto en que las inmobiliarias observarán escrupulosamente el procedimiento e informarán debidamente, tanto a propietarios como a posibles compradores, de las limitaciones en cuanto a la fijación del precio de venta y los requisitos a cumplir por el adquirente: el precio máximo de venta de una VPO de segunda mano en ningún caso podrá superar el máximo establecido normativamente por el Gobierno Vasco y sólo podrán optar a la compra aquellas personas cuyos ingresos no superen los máximos aplicables para el acceso a una VPO en compra contemplados en la normativa.
El Departamento, entre cuyas competencias se encuentra la de revisar todos y cada uno de los contratos privados y sin cuyo visto bueno no se llevará a término ninguna operación de compraventa entre particulares, ejercitará los derechos de tanteo y retracto (recompra) que legalmente le corresponden si tuviera el más mínimo indicio de la existencia de interés fraudulento en la transmisión.
Al ejecutar su derecho de tanteo y retracto el Gobierno vasco desplaza al comprador previsto en su posición compradora pagando el precio estipulado en el contrato. Significa eso que si existieran sobreprecios mediante cualquier “imaginativa” fórmula se produciría un quebranto económico para el comprador.
Además, si presumiera, detectara o recibiera denuncia de las partes intervinientes de que la irregularidad ha sido cometida o promovida por la inmobiliaria, este hecho será inmediatamente notificado al Departamento de Sanidad y Consumo para que inicie el correspondiente expediente sancionador.
Por tanto, el Departamento apela tanto a la profesionalidad y a la responsabilidad de las inmobiliarias y a la de los propietarios y posibles compradores para colaborar con el Departamento de Vivienda en su labor de garantizar el cumplimiento de la función social de la vivienda protegida y luchar contra el fraude y la especulación. Al mismo tiempo, el Departamento se pone a disposición de todas las partes para aclararles cualquier duda que pudiera surgirles sobre o durante el proceso de compraventa.
Finalmente, y, con efectos a corto plazo hasta en tanto se clarifique las actuaciones de intermediación privada en este campo, el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco va a intensificar el ejercicio de sus derechos de recompra.
