Madrid. De vez en cuando surgen en el mercado inmobiliario español noticias asombrosas que sólo creemos por la calidad de las fuentes que las emiten y lo datos que aportan. Léase aquí ésta que le indico, publicada en el diario El País, por la noche preferiblemente porque si lo hace por la mañana es posible que le incomode el día.
Se trata de un desalojo y derribo de una vivienda por parte de la autoridad competente, frente a una ocupación ilegal del espacio público por parte de una familia extensa de emigrantes rumanos. Y, por supuesto, en su ejecución se han seguido todos los trámites que contempla la ley. Este es un caso más de los que periódicamente tenemos noticia así que hasta aquí, en el propio hecho, nada hay de desacostumbrado. Nada infrecuente pues y eso sí, todo legal, muy legal.
La variación respecto del caso general es que en vez de tratarse de una infravivienda, la familia vivía en una caravana y en un autobús. Pero con independencia de la discutibilidad de la caracterización de una caravana y un autobús como infraviviendas, el hecho es que con la caracterización de “infravivienda” se ha procedido a su destrucción. Pero eso tampoco es lo que a mí me ha chocado y no me ha sorprendido ese detalle pues al fin y al cabo ciertos vehículos se preparan para la habitación, más o menos temporal, de personas. (Recuérdese que en algunos lugares hay personas que viven en campings o en vehículos tales como barcazas aparcadas en canales o ríos…) No, no ha sido, eso. Lo que ha hecho que el esplín se me disparase, ha sido un detalle sórdido que ha acompañado a los hechos indicados. Y es éste.
Sabemos que cuando se derriba una infravivienda los despojos suelen ser escombros y algo de chatarra envuelta en ellos, por eso el valor de los mismos es escaso y si considerásemos su transporte a un vertedero legal, probablemente fuese incluso negativo. Pero ¿y en este caso?… Pues, chatarra, chatarra que sí podía haber tenido un cierto aprovechamiento económico, máxime cuando el arruinado propietario –hoy desalojado- se dedica precisamente a ello. ¿Y a que adivina qué ha pasado además?… pues que el Ayuntamiento de Madrid le ha negado e impedido que el demolido rumano –chatarrero de profesión- pudiese llevarse los restos de los vehículos de su propiedad. ¿Qué cómo lo ha argumentado? Pues, según se lee en el periódico indicado, el sin duda gallardo y aguerrido jefe de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid, Julio César Santos, los demolidos “han tenido tiempo para desalojar el lugar y vender los vehículos para chatarra pero no lo han hecho.”
¡Manda, huevos!
