Málaga. Hace algunas semanas el defensor del ciudadano de málaga denunció el estado de abandono de un edificio malagueño propiedad de los herederos de Victoria Prados, entre ellos el Alcalde de la ciudad. Los inquilinos, dos familias, desesperadas por el riesgo de derrumbe del edificio, por las continuas lluvias y mal estado de conservación del mismo, decidieron hacer público una llamada de atención sobre su situación personal. Esta semana Francisco Gutiérrez, Defensor del Ciudadano de Málaga ha declarado su agradecimiento «a la sensibilidad mostrada por la propiedad, porque lo fundamental es ayudar a las familias afectadas y se le dé una solución lo más rápida posible».
Este paso dado por los dueños del edificio le da carta libre a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), dependiente de la Consejería de Obras Pública y Vivienda, pueda realojar a los inquilinos en virtud del acuerdo que firmó con el Ayuntamiento de la capital en 2005 para la rehabilitación del centro mediante la expropiación de determinadas parcelas y la construcción de las conocidas como tecnocasas.
Casi tres años han pasado ya desde que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga iniciaron el expediente de expropiación de esta parcela. Un año y medio después, en diciembre de 2009, se aprobó el acta de mutuo acuerdo para la adquisición de la finca y un mes más tarde la Gerencia Municipal de Urbanismo notificó a EPSA que ya podía pagar a la propiedad la cantidad acordada sobre la expropiación, lo que se comprometió a hacer en el plazo de seis meses.
Son muchas las situaciones de familias que han vivido la mayor parte de sus vidas en edificios hoy abandonados y en estado de ruina. La burocracia excesiva, a veces años de espera, lleva a los afectados a solicitar ayuda de instituciones o mediadores para resolver este tipo de conflictos ‘humanitarios’ y es que el derecho a una vivienda digna está promulgado en la Constitución en su articulo articulo 47, aunque su aplicación a la vida cotidiana se puede convertir en largas esperas con el sufrimiento y conflicto social que ello supone.
La vivienda ocupa el primer puesto en las quejas del Defensor del Ciudadano en muchas ciudades de nuestro país y sobre todo en Andalucía.
Si la mediación es la vía en la que situaciones de conflictos inmobiliarios como este se pueden resolver de manera satisfactoria, se debería promover al mas alto nivel para que esta acción realizada por el defensor del ciudadano se repitiese con mayor frecuencia a través de los mediadores profesionales, expertos en este tipo de gestiones y que los ciudadanos en general lo recibirían con gran aceptación por el ahorro de tiempo, costes (económicos y emocionales ) y beneficios para todas las partes afectadas.
Silvia Velasco Navarro. Mediadora experta en conflictos inmobiliarios.
Fuente: malagahoy.es
