Madrid. Tras el conflicto de competencia planteado por la Comunidad de Madrid, el Tribunal Constitucional (TC) entiende que el Estado es competente para crear y regular la Renta Básica de Emancipación (RBE), aprobada por el Consejo de Ministros en noviembre de 2007. La Sala Segunda del Alto Tribunal avala también que el Estado destine fondos para cubrir las ayudas y determine su cuantía, plazos y requisitos de los beneficiarios.
Tras la sentencia, la secretaria de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas, Beatriz Corredor, ha señalado que “la medida de la RBE fue constitucional, necesaria y oportuna y el Tribunal Constitucional sólo ha admitido los argumentos de la Comunidad de Madrid en cuanto a la gestión de las ayudas y los pagos, es decir respecto a aspectos procedimentales o formales, pero se desestima el recurso contra la totalidad del Real Decreto”.
Corredor ha garantizado que “todos los jóvenes madrileños que ya cobran o tienen derecho a la ayuda, seguirán percibiendo los 210 euros para el alquiler independientemente de cual sea la administración que lleve a cabo el trámite de realizar el abono de los fondos estatales”. En este sentido, ha anunciado que el Gobierno está estudiando la sentencia y, si es necesario, se diseñará un nuevo modelo de gestión adaptado al fallo del Constitucional.
La Renta Básica de Emancipación entró en vigor en enero de 2008. Desde entonces, más de 252.000 jóvenes han percibido la ayuda de 210 euros; una ayuda que reduce el porcentaje de los ingresos que los menores de 30 años tienen que dedicar al pago del alquiler del 43% sin RBE al 24% para quienes perciben la ayuda.
