No fue precisamente el País Vasco la Comunidad Autónoma donde más viviendas se construyeron durante el pasado boom inmobiliario. Ni mucho menos. Aún así, las que se construyeron fueron excesivas. Un estudio de Eustat, el Instituto Vasco de Estadística llega la conclusión de que el incremento porcentual del número de viviendas, entre 1991 y 2011, fue de casi el 32%. Dos décadas en las que la población tan solo aumentó un 3,6%.
Y eso que los datos en esta región están muy lejos de los alcanzados en otras zonas. Mientras que en el litoral mediterráneo se construían en esos 20 años 245.000 viviendas, en el País Vasco se concedía una media anual de 15.000 licencias para construir viviendas, llegando al techo de 16.322 en el año 2007. Pero llegó la crisis económica y esa cifra se redujo a la mitad en los siguientes años, hasta caer a los 7.700 permisos en 2011.
Una transformación urbanística que se ha traducido en una acusada dispersión urbana y en una sobreoferta residencial que, a juicio del profesor de la Universidad del País Vasco, Roberto Torres, vino motivada por el interés de no pocos Ayuntamientos de aprovechar el ciclo económico expansivo para ampliar su parque de viviendas con una visión muy desarrollista.
Y todo en base a una excesiva reclasificación del suelo urbanizable, cuyas consecuencias se aprecian ahora, con muchos sectores a medio consolidar, con parcelas que se han comenzado a construir y otras que están vacías.
En su día, en otra coyuntura económica, se vio conveniente habilitar suelo urbanizable para no coartar una demanda residencial que supuestamente había, pero hoy se han quedado como lo que los urbanistas denominan espacios inconclusos. Parcelas que han empezado a desarrollar y que se han quedado a medias.
Los rendimientos que obtienen de la revalorización del suelo agentes como los promotores, constructores y bancos ha alentado la expansión urbana desmedida, aunque los ayuntamientos también han sacado beneficio por la recalificación con la concesión de licencias de edificación y las tasas de basuras o el IBI. No obstante, el profesor apunta que muchos consistorios se han dejado llevar por estos ingresos sin sopesar en los costes que conlleva dotar a esa población de nuevos servicios e infraestructuras.
Las comarcas que mayor incremento del parque residencial han registrado son aquellas ubicadas en los márgenes aledaños de los grandes centros urbanos o metropolitanos, debido a la carestía del precio urbano o a la dificultad de ofrecer suelo residencial.