Madrid. Poner el acento más en la oferta que en la demanda, la carencia de estadísticas oficiales fiables que respalden el proyecto o una cierta carencia respecto al alcance económica de la propuesta en estos momentos de restricciones presupuestarias son algunos de los déficits observados por el Consejo Económico y Social (CES) en su dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de Medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas aprobado por el Gobierno.
El CES comparte el fin último del Anteproyecto de lograr la necesaria dinamización y flexibilización del mercado del alquiler. Resulta fundamental la actuación de los poderes públicos para facilitar un mayor y mejor acceso a la vivienda, lo que debe implicar instrumentos que actúen no sólo desde el lado de la oferta sino también medidas de diverso tipo que impulsen y fortalezcan la capacidad de acceso de los demandantes potenciales de vivienda en alquiler.
Todo ello con el fin de lograr que el mayor número posible de viviendas actualmente vacías y sin uso que, por sus características y situación, sean susceptibles de conformar un mayor parque de viviendas en alquiler, salgan al mercado y encuentren una demanda efectiva. Las políticas y medidas de estímulo equilibrado a la oferta y la demanda de alquiler se justifican más si cabe en el contexto de la existencia de un importante stock de viviendas terminadas de nueva construcción, que por ubicación y características puedan tener una demanda potencial, al que deberían ir prioritariamente dirigidas.
Compartiendo pues el objetivo de incentivar el mercado de vivienda en alquiler, el CES considera que la norma debería insertarse en una estrategia política en materia de vivienda más amplia y coordinada por las distintas Administraciones públicas competentes y consensuada con los interlocutores sociales, que estableciera claramente los objetivos y las prioridades de la misma y que articulara de manera coherente e integrada las diferentes medidas e instrumentos.
En particular, el CES considera que sería conveniente valorar la coherencia o contradicción entre las medidas de fomento del alquiler contenidas en el Anteproyecto y otras de reciente articulación en materia fiscal dirigidas a fomentar la compra de vivienda, y asimismo, considera que sería oportuno valorar las recomendaciones recientemente formuladas por la Unión Europea a este respecto sobre el Programa Nacional de Reformas de España
El CES considera que las medidas planteadas en el Anteproyecto para alcanzar dichos objetivos van en exclusiva en la línea de intentar estimular una oferta de vivienda de alquiler que se encuentra en niveles muy bajos, tal y como refleja la baja proporción de hogares en régimen de alquiler (11,8 por 100) a la que habría que añadir la oferta no cubierta.
Por ello, el CES echa en falta asimismo la implementación de medidas que incentiven la demanda de viviendas en alquiler con carácter general. Por otra parte, dado que en España el alquiler está sobre todo asociado a los colectivos de menor solvencia económica, que son precisamente los que están siendo más afectados por la crisis, considera que sería necesario establecer medidas en concreto dirigidas a satisfacer las necesidades de alojamiento en régimen de alquiler de la población o segmentos de población más desfavorecida, sin que ello se traduzca en aumentos en el precio de los alquileres ni en una menor seguridad jurídica para los arrendatarios.
El CES desea hacer una llamada acerca de la disponibilidad y las características de la información estadística sobre el mercado del alquiler en España, ya que, por un lado, se presenta una carencia de información suficientemente actualizada respecto a la oferta o el parque existente de viviendas en alquiler, siendo los últimos datos disponibles los procedentes del Censo de Población y Viviendas de 2001; en consecuencia, sería importante a juicio del CES la realización de estudios periódicos a través del observatorio específico en esta materia, a fin de conocer el estado de la situación. Y, por otro lado, respecto de la demanda, la única fuente estadística que proporciona información sobre el número de hogares que residen en este régimen de tenencia es la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística, que, a su vez, puede adolecer de una infraestimación de colectivos como los inmigrantes.
Así, con el fin de permitir un diagnóstico fiable sobre la situación de la oferta y demanda de viviendas en alquiler en España que contribuya a la eficacia de cualquier actuación pública sobre el mismo, el CES considera aconsejable llevar a cabo actuaciones encaminadas a mejorar la información disponible, haciéndola más actualizada y completa.
Finalmente, el CES considera que la memoria de análisis de impacto normativo que acompaña al texto del Anteproyecto sometido a dictamen permite en general una adecuada comprensión y valoración de los cambios planteados. Sin embargo, cree oportuno señalar que, en el marco de la actual intensificación de los planes de austeridad presupuestaria dirigidos a dar cumplimiento al objetivo de déficit público asumido por España, es insuficiente el conocimiento de la repercusión económica del Anteproyecto que se desprende del análisis del impacto económico y presupuestario incluido en dicha memoria.
Asimismo, se echan en falta en un anexo de indicadores, previsto en la guía metodológica para la elaboración de la memoria, datos estadísticos comparados que permitan establecer una visión del panorama de la vivienda en alquiler en otros Estados miembros de la Unión Europea.
