La ocupación ilegal ha trascendido a las personas en riesgo de pobreza y exclusión social y proliferan otros colectivos, según desprende el primer estudio realizado sobre este tema por el Institut Cerdà. Así, se estima que existen más de 87.500 familias ocupando viviendas en España, cifra que equivale a 262.500 personas. Las ocupaciones pueden suponer la inmovilización de hasta el 20% de los activos de vivienda pública.
El principal motivo de estas cifras de ocupación viene dado, según el estudio, por el déficit de parque dedicado a vivienda social, por el hecho que desde el 2007 los hogares sin ningún tipo de ingresos se han incrementado un 76% en España y por la existencia de un parque de viviendas vacías, superior al medio millón.
Lo que se refleja en que el número de desalojos de inmuebles por orden judicial se ha multiplicado por 2,25 desde 2008. El estudio se ha hecho público en la jornada «La ocupación de viviendas, un reto en la agenda pública» organizada por la Asociación de Gestores de Vivienda Social de Catalunya y la Gerencia de Servicios de Vivienda, Urbanismo y Actividades de la Diputación de Barcelona.
La gestión del fenómeno de la ocupación es compleja y según se constata en el estudio del Institut Cerdà, es necesaria la involucración de todos los grupos de interés, entre ellos: administración (local y general), y ámbito legislativo, empresas de suministros al hogar, asociaciones y plataformas ciudadanas, propietarios, cuerpos de seguridad y estamento judicial.
Las consecuencias de la ocupación ilegal suelen ser económicas pero también inciden muchas otras variables: sociales, culturales, de cohesión, físicas o estructurales. De este modo, la falta de estabilidad y seguridad en la vivienda pueden ser fuente de situaciones de estrés y ansiedad. Además, el acceso a servicios públicos es difícil ante la falta de un título habilitante y se incrementan el riesgo de exclusión social y la estigmatización de las personas ocupantes.
El estudio pone de relieve que las ocupaciones conflictivas, aunque solo suponen entre el 10 y el 25% del total, generan impactos en su entorno inmediato e incrementan factores como la inseguridad, el ruido, la actividad económica ilegal, el deterioro del entorno urbano y su mobiliario, el impacto sobre los comercios y negocios del entorno y la expulsión de los vecinos originarios.
Los municipios entrevistados coinciden en que existe un impacto económico negativo cuando aparecen ocupantes de carácter problemático, de entre 3.500 y 30.000 euros por vivienda. En el ámbito económico, se estima que la ocupación ilegal supone una pérdida de valor de los inmuebles ocupados de entre el 40 y el 60%.
Según Carlos Cabrera, director general del Institut Cerdà, «la ocupación ilegal, pese a haber sido una vía transitoria para el acceso a la vivienda en situaciones de emergencia social, no es la solución ni para la persona ni para la comunidad. Aunque la ocupación y sus soluciones son un fenómeno complejo, existe un amplio consenso en que la actual legislación no es efectiva y las posibles soluciones afectan a todos los agentes involucrados. Sin embargo, no existe el mismo consenso en cuáles son las causas ni las soluciones pero cualquier solución pasa por la concertación e implicación de todos los agentes».
