Reforzar la función social del parque residencial y garantizar su vocación pública, además de evitar la venta de estos inmuebles a entidades con personalidad jurídica, es el objetivo que se plantea alcanzar la Junta de Andalucía con la reforma del reglamento de vivienda protegida que va a impulsar.
Con esta medida, se busca evitar que las viviendas públicas puedan ser enajenadas en favor de fondos buitres, como ha ocurrido en la comunidad de Madrid.
El decreto de modificación de esta norma establecerá la prohibición expresa de vender viviendas del parque público a este tipo de entidades para garantizar así su función social al servicio de la ciudadanía con más dificultad para acceder a este derecho fundamental.
La reforma del reglamento pretende también actualizar, simplificar y mejorar la regulación existente hasta el momento relativa a las operaciones que afecten a las VPO con el objetivo de aumentar la seguridad jurídica de las partes implicadas.
Además de trasladar esta iniciativa, la Junta también ha informado al consejo del Observatorio de la Vivienda del desarrollo del nuevo Plan Andaluz de Rehabilitación y Vivienda (2016-2020) aprobado el pasado verano, destacando la línea de colaboración financiera que va a abrir la Consejería de Fomento para cooperar con ayuntamientos y diputaciones con vistas a impulsar la elaboración de planes municipales de vivienda, una herramienta fundamental para el ejecución del plan autonómico en vigor.
Los responsables de la Consejería han avanzado también una nueva orden de ayudas para adquirentes de VPO en 2017 que tendrá una dotación cercana a los 7 millones de euros para contribuir a los compromisos adquiridos hace años con estas familias para la subsidiación de intereses y los gastos de escritura de sus viviendas.
A este respecto, la Junta va a cumplir dichos compromisos y ya en el pasado año aportó otros 7 millones de estas ayudas que beneficiaron a 6.250 familias. Ya se han abonado las ayudas para préstamos reintegrables del programa de viviendas en stock con el pago recientemente de 6 millones de euros a las más de 1.500 familias beneficiarias de esta iniciativa.
El responsable andaluz de Fomento y Vivienda ha destacado la nueva orden de ayudas para la adecuación funcional de viviendas que se aprobará este año con un montante total de 3 millones de euros destinada a 2.500 personas mayores o con alguna discapacidad que necesitan realizar reformas y adaptaciones en sus inmuebles para mejorar su calidad de vida.
En este sentido, ha solicitado que trasladará al Ministerio de Fomento su implicación financiera en este programa por considerar una necesidad este tipo de actuaciones y ser una política claramente social que requiere de esa participación estatal. Desde que se puso en marcha este programa de ayudas se han beneficiado del mismo cerca de 70.000 familias con una inversión de 90 millones de euros.
El consejero ha anunciado también la próxima aprobación de la Ley de Tanteo y Retracto por parte del Gobierno andaluz para facultar a la Administración autonómica a adquirir viviendas y evitar desahucios.
En la reunión del Observatorio Andaluz de la Vivienda han quedado constituidas cinco grupos de trabajo que profundizarán en el análisis y planteamiento de propuestas en el ámbito de suelo, infravivivienda, rehabilitación, vivienda, difusión y participación social.
