La incidencia del número de desahuciados en Andalucía ha provocado que las ayudas contempladas se quedaran cortas. Lo que motivó que el pasado lunes, una vez superado el umbral de las 500 solicitudes atendidas, la Consejería de Fomento y Vivienda publicara la suspensión temporalmente de estas ayudas. Por eso, se ha visto obligada a reaccionar rápidamente. Y lo ha hecho ampliando en 1,5 millones la dotación presupuestaria.
La orden, de diciembre del pasado año -cuando todavía estaba Elena Cortés al frente de la consejería- contaba con un presupuesto inicial de 2,27 millones de euros, con un horizonte temporal de tres años para ayudar económicamente a familias que habían sufrido un desahucio o estaban incursas en procesos de ejecución hipotecaria.
La finalidad de esta línea de ayudas era que estas personas, que no pueden pagar su hipoteca y que se encuentran en situación de emergencia y sin alternativa habitacional, no se quedasen en la calle por esta circunstancia.
El incremento de la dotación económica, que en total rondará los cuatro millones de euros, unido al número de demandas recibidas hace prever que la Consejería dará cobertura al 100% de las familias que así lo necesiten.
Estas ayudas vienen a dar respuesta a las personas desahuciadas que no podían beneficiarse de la aplicación de la Ley sobre la Función Social de la Vivienda al resultar suspendida por el recurso planteado por el Gobierno del Estado a esta norma ante el Tribunal Constitucional.
De hecho, dan cobertura al mismo perfil de familias en situación de emergencia social que la Consejería protegía mediante la expropiación temporal de viviendas a las entidades financieras, mecanismo actualmente suspendido por el citado recurso del Gobierno central a la Ley para Asegurar la Función Social de la Vivienda.
Los requisitos que deben acreditarse para obtenerla son, entre otros, haber sufrido una ejecución hipotecaria o de cualquier otra garantía sobre su vivienda habitual y que el lanzamiento genere una situación de emergencia o exclusión social, así como que ningún miembro de la unidad familiar sea titular de otra vivienda.
Esta línea de apoyo al alquiler también protege a los avalistas que acrediten una situación de emergencia social por encontrarse su vivienda en ejecución tras haberla ofrecido como garantía del citado préstamo a un familiar.
Las circunstancias que acreditan el riesgo de exclusión son similares a las que permitían a estas personas acogerse a la expropiación del uso para evitar desahucios, entre ellas que las condiciones económicas hayan sufrido un importante menoscabo, provocando una situación de endeudamiento sobrevenido con respecto a sus condiciones cuando se firmó el préstamo.
