El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo de la Junta de Extremadura, Víctor del Moral, ha destacado que ya son 900 las viviendas sociales entregadas en lo que va de legislatura. Cantidad alcanzada tras la entrega de las dos últimas viviendas en Santibáñez el Bajo, a sendas familias seleccionadas por un proceso de baremación que beneficia a quienes tienen menos recursos económicos o especiales dificultades sociales.
De las 900 viviendas entregadas, 414 han sido viviendas sociales de nueva construcción y otros 486 inmuebles son pisos y casas del parque autonómico que han quedado vacantes y se han ido entregando a nuevos adjudicatarios.
Desde julio de 2001, Fomento ha invertido más de 21 millones de euros en nuevas promociones de VPP y otros 16 millones en conservación y mantenimiento del patrimonio de viviendas para poder ser adjudicadas nuevamente.
El titular de Fomento anuncia que durante el 2015 la actuación del Gobierno de Extremadura se seguirá centrando en afianzar la política social e igualitaria en materia de vivienda. Por ello invertirá 5,14 millones de euros para iniciar la construcción de 65 nuevas viviendas sociales en 20 poblaciones, entre las que citó Pescueza, la Roca de la Sierra o Alcuéscar.
Víctor del Moral pone de relieve la apuesta del Gobierno del presidente Monago por seguir construyendo viviendas sociales en los municipios, porque cumplen un fin social y contribuyen a fijar población en el medio rural, especialmente en el caso de los jóvenes.
En este sentido, añade que, aunque se seguirán edificando viviendas de promoción pública de nueva construcción, se dará prioridad a la rehabilitación de inmuebles en los cascos históricos, promoviendo siempre que sea posible la construcción de VPP en los centros urbanos en lugar de en los extrarradios, evitando así los gastos públicos extraordinarios que esto lleva asociado.
Los adjudicatarios de las VPP del Gobierno de Extremadura pagan un alquiler social, que puede reducirse e incluso llegar a la exención total según los condicionantes socioeconómicos de la familia. Estos inmuebles pueden adquirirse en propiedad una vez transcurridos tres años de la adjudicación, siempre que se hayan cumplido con todas las obligaciones establecidas en el contrato.
