Desde la Junta de Andalucía se lleva meses alentando a la necesidad de poner la proa en la construcción sostenible como pilar fundamental para la creación de empleo estable que permita el crecimiento económico.
Sostenibilidad que no acaban de ver los promotores y constructores andaluces, que acaban de denunciar públicamente que el Gobierno presidido por Susana Díaz adeuda más de 40 millones de euros a casi un centenar de empresas por la promoción y construcción de viviendas sociales.
Pese a que inicialmente este colectivo cuantificó la deuda en algo más de 11 millones de euros, finalmente han comprobado que asciende a casi 42,2 millones en el conjunto de la Comunidad Autónoma, referida a fondos finalistas del Estado transferidos a la Junta de Andalucía dirigidos a promotoras para la construcción de vivienda protegida.
Esta deuda llevó a la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) a solicitar incluso que se investigara el destino dado por la Junta a esos fondos, si bien el Ministerio Público archivó su actuación al no encontrar indicios de delito penal, aunque quedaría todavía pendiente la vía civil.
Según esta asociación, la Administración autonómica no ha abonado las subvenciones finalistas, a pesar de que el Ministerio de Fomento ha certificado haber transferido las cantidades pactadas a la línea de viviendas protegidas en alquiler con opción de compra.
Además de las subvenciones estatales, la Junta tiene pendiente de pago otros importes relacionados con el desarrollo de las viviendas protegidas como son los subsidios autonómicos y las ayudas a la construcción. Los constructores lamentan que estos impagos hayan contribuido a que algunas de las empresas afectadas hayan ido a la ruina, y el resto haya disminuido notablemente su actividad, lo que ha provocado que cientos de personas hayan perdido su puesto de trabajo.
Con estos antecedentes pendientes de resolución, los constructores andaluces han expresado su sorpresa por el hecho de que la Dirección General de Vivienda haya enviado a los promotores una carta que hace referencia a la Ley de la Función Social de la vivienda, suspendida por el Constitucional.
En la misiva, la administración requiere a las empresas para que informen en un plazo de 15 días sobre el grave incumplimiento de la función social de la vivienda que la no ocupación de las mismas supone. Algo que consideran inadmisible, ya que ocasiona gran indefensión al no estar enmarcada en el ordenamiento jurídico vivo. Razón por la que han pedido la rectificación de la medida, paralizando las actuaciones inspectoras emprendidas.