martes, 1 julio 2025
Newsletter
InicioMercado InmobiliarioVivienda VPOLa difícil sostenibilidad de...

La difícil sostenibilidad de constructores y promotores andaluces

Desde la Junta de Andalucía se lleva meses alentando a la necesidad de poner la proa en la construcción sostenible como pilar fundamental para la creación de empleo estable que permita el crecimiento económico.

Sostenibilidad que no acaban de ver los promotores y constructores andaluces, que acaban de denunciar públicamente que el Gobierno presidido por Susana Díaz adeuda más de 40 millones de euros a casi un centenar de empresas por la promoción y construcción de viviendas sociales.

Pese a que inicialmente este colectivo cuantificó la deuda en algo más de 11 millones de euros, finalmente han comprobado que asciende a casi 42,2 millones en el conjunto de la Comunidad Autónoma, referida a fondos finalistas del Estado transferidos a la Junta de Andalucía dirigidos a promotoras para la construcción de vivienda protegida.

Esta deuda llevó a la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) a solicitar incluso que se investigara el destino dado por la Junta a esos fondos, si bien el Ministerio Público archivó su actuación al no encontrar indicios de delito penal, aunque quedaría todavía pendiente la vía civil.

Según esta asociación, la Administración autonómica no ha abonado las subvenciones finalistas, a pesar de que el Ministerio de Fomento ha certificado haber transferido las cantidades pactadas a la línea de viviendas protegidas en alquiler con opción de compra.

Además de las subvenciones estatales, la Junta tiene pendiente de pago otros importes relacionados con el desarrollo de las viviendas protegidas como son los subsidios autonómicos y las ayudas a la construcción. Los constructores lamentan que estos impagos hayan contribuido a que algunas de las empresas afectadas hayan ido a la ruina, y el resto haya disminuido notablemente su actividad, lo que ha provocado que cientos de personas hayan perdido su puesto de trabajo.

Con estos antecedentes pendientes de resolución, los constructores andaluces han expresado su sorpresa por el hecho de que la Dirección General de Vivienda haya enviado a los promotores una carta que hace referencia a la Ley de la Función Social de la vivienda, suspendida por el Constitucional.

En la misiva, la administración requiere a las empresas para que informen en un plazo de 15 días sobre el grave incumplimiento de la función social de la vivienda que la no ocupación de las mismas supone. Algo que consideran inadmisible, ya que ocasiona gran indefensión al no estar enmarcada en el ordenamiento jurídico vivo. Razón por la que han pedido la rectificación de la medida, paralizando las actuaciones inspectoras emprendidas.

- Advertisement -

Comparte las Noticias en tus Redes Sociales

Síguenos

- Publicidad -

CONTENIDOS DE PORTADA

- Publicidad -

CONTENIDOS RELACIONADOS

Madrid se consolida como la segunda región más cara para comprar vivienda

El último informe de Gesvalt revela que la Comunidad de Madrid...

El precio de la vivienda sube un 9,8% interanual en el segundo trimestre

El mercado residencial español ha registrado un crecimiento del 9,8% interanual...

La deuda inmobiliaria europea gana atractivo pese a la volatilidad global

El mercado europeo de deuda inmobiliaria comercial ha iniciado 2025 con...

Récord histórico en la venta de un complejo hotelero en España

Selenta Group, propiedad de Brookfield Asset Management, ha cerrado la venta...

El hogar se convierte en un espacio clave de bienestar para los españoles

El último estudio de Aquaservice sobre hábitos de bienestar en el...

Certificación Residuo Cero refuerza la economía circular en el cemento español

La planta de Morata de Jalón ha conseguido la certificación Residuo...

El compromiso con la sostenibilidad impulsa la vivienda del futuro

La sostenibilidad ha dejado de ser un simple valor añadido en...