El consejero de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Cantabria, Francisco Rodríguez, ha manifestado que las informaciones proporcionadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) son "totalmente falsas", señalando que el Gobierno de Cantabria "no está poniendo problemas a la dación en pago, puesto que nadie se ha dirigido a esta Administración para solicitar nada con respecto a la vivienda de referencia", añadiendo que es más irresponsable la falsedad "cuando el Gobierno no tiene derecho de tanteo y retracto sobre dicha vivienda".
Rodríguez ha manifestado su sorpresa por la concentración llevada a cabo por unas pocas personas ante la Consejería con la finalidad de presentar dos escritos, uno de ellos de dos personas individuales, con membrete de la PAH, donde se dice que están negociando con la entidad Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) la dación en pago de su vivienda y que no se la otorgan por los problemas que pone el Gobierno de Cantabria, y el otro presentado por la PAH que afirma que la Dirección General de la Vivienda pone trabas para que se puedan llevar a cabo daciones en pago de viviendas en régimen de VPO.
El consejero ha señalado igualmente que es una absoluta falsedad, pues sólamente se ha solicitado una autorización y ésta fue concedida de inmediato, teniendo en cuenta que en la citada vivienda sí existía la posibilidad de ejercer el derecho de tanteo y retracto, no como en la que es objeto del escrito.
El consejero de Obras Públicas ha lamentado profundamente que se estén transmitiendo a la opinión pública informaciones "carentes de toda verdad y cualquier rigor, máxime en un problema como el de los desahucios que está afectando de una manera dramática a muchas personas".
De la misma manera, el consejero quiere recordar que este Gobierno puso a disposición de personas desahuciadas las 24 viviendas de promoción pública que tenía vacías en Cantabria, algunas desde 2004, a unos precios totalmente sociales. Rodríguez ha añadido que algunas de estas viviendas se tuvieron que ofrecer a los servicios sociales de los ayuntamientos o mancomunidades donde están ubicadas, porque no todas fueron ocupadas por personas que cumpliesen los requisitos de la orden por haber sido desahuciadas.
Finalmente el consejero considera totalmente irresponsable realizar afirmaciones sin ninguna veracidad, en lugar de solicitar previamente información a esta Consejería y luego valorar las actuaciones. Rodríguez insiste en que "se han difundido falsedades que nada tienen que ver con la realidad".
