Tras la actualización por parte de Nasuvinsa del censo de solicitantes de vivienda protegida de Navarra, hay 5.999 solicitudes inscritas en la base de datos de alquiler frente a 1.186 solicitudes en la de compraventa, lo que supone un 83,49% del total. De las primeras, 2.702 lo están únicamente para arrendamiento, 1.007 para arrendamiento con opción a compra y 2.290 están apuntados en ambas opciones.
Nasuvinsa ha procedido a actualizar el censo de solicitantes de vivienda protegida de Navarra, eliminando aquellas solicitudes caducadas; es decir, aquellas que en el plazo de dos años, contados desde la fecha de inscripción, no habían sido renovadas.
En concreto, y teniendo en cuenta las cifras previas a esta actualización, hay 679 solicitudes que han quedado excluidas del registro al no prorrogar o modificar sus titulares la solicitud antes del 20 de agosto. Por otra parte, 229 personas manifestaron su interés en mantenerse en el censo o en darse de baja de él.
De las 679 solicitudes que han sido excluidas, 10 se han eliminado de la lista de compraventa y 673 de la lista alquiler (hay que mencionar que algunas personas estaban apuntadas en las dos opciones, por lo que el sumatorio de ambas listas no coincide).
Llama la atención que la mayoría de solicitudes que han sido apartadas, han cursado baja en las listas de alquiler, lo que se debe al mayor movimiento que presenta esta lista, que quintuplica el volumen de la de compraventa, y a que los solicitantes para la compra-venta de vivienda protegida son personas más establecidas e interesadas por sus peticiones, mientras que los de alquiler se apuntan de un modo menos comprometido, y en ocasiones ya han cambiado de ciudad o de país cuando son avisados por Nasuvinsa de las nuevas promociones.
La actualización del censo era necesaria al plantearse como un sistema dinámico, que permite conocer de forma actualizada, la radiografía concreta del solicitante de vivienda protegida y de lo que se demanda. Con este fin se ha dotado de mecanismos de actualización que permiten conocer en cada momento la situación de la demanda de vivienda protegida en la Comunidad foral, en propiedad y alquiler, diseñar de forma más eficaz las políticas públicas en materia de vivienda y dirigir, de un modo más efectivo, la estrategia empresarial de los profesionales que se dedican a la promoción de vivienda protegida.
El decreto que regula el censo establece que las solicitudes tendrán una duración máxima de dos años, contados desde la fecha en que se extienda el recibo de inscripción. Transcurrido dicho plazo sin renovarla o modificar algún dato en ella, la inscripción caducará y se procederá a cursar la baja automática de la solicitud en el censo.
El texto afirma, asimismo, que los interesados podrán renovarla sucesivamente por iguales periodos de dos años, si cumplen los requisitos exigidos en el momento de la renovación, para lo cual deberán comunicar mediante solicitud firmada su voluntad de prorrogarla.
Se establece, además, que quienes no hayan procedido a la renovación y tengan su inscripción caducada no puedan acceder de nuevo al censo en el plazo de 6 meses contados a partir del día siguiente a la fecha de caducidad de la inscripción.
