Madrid. Como ya es sabido, el Gobierno, a través de su nuevo plan de vivienda, pretende relegar a un segundo plano el tema de la compra con la idea de superar el modelo expansivo, uno de los causantes de llevarnos a la crisis en la que estamos. De hecho, el título del proyecto deja bien a las claras intenciones de esta variación, en alusión directa al fomento del alquiler, la rehabilitación y la renovación urbana.
Nadie duda de que esta modificación se requería en un mercado inmobiliario como el español en el que esa primacía de la compra nos ha llevado al brutal exceso de oferta existentes, cuyas consecuencias, el desplome de los precios y la paralización de la actividad, son más que evidentes.
Pero de ahí a defenestrar la compra hay un mundo. Por ello, desde algunos sectores –obviamente en defensa de sus intereses– se han empezado a realizar diversas puntualizaciones en relación a que el cambio de modelo es ncesario, sí, pero tampoco convendría defenestrar, de la noche a la mañana, esa cultura de la propiedad de una vivienda encardinada en la sociedad española.
Es por ello por lo que se deben mantener ayudas para quienes están en pleno proceso de compra o para aquellos otras familias que no tienen la necesaria seguridad jurídica o los estímulos mínimos para cumplir su deseo. Por ello, al estar la vivienda protegida actualmente despojada de sus características tradicionales de ayudas directas y subsidiaciones de los préstamos, las nuevas ayudas deben focalizarse en el primer acceso, y para viviendas limitadas en el precio, con independencia de su calificación o no como protegida.
De cara a la venidera y esperada recuperación económica, no estaría de más que en la ley se arbitrase una ayuda a la entrada para la adquisición de vivienda habitual, siempre que no se dispusiese de otra vivienda y con un límite de ingresos, y condicionada a un precio limitado, aunque no a que tuviera o no la calificación de protegida.
Tampoco estaría de más que, a la vista de que los precios actuales de la vivienda protegida se encuentran casi equiparados con la vivienda libre y sin las ayudas para su adquisición, se introdujeran algunas medidas que liberalicen la estricta normativa sobre VPO, como eliminar la obligación de destinar la protegida a residencia habitual o visar los contratos y las restricciones en precio a segundas trasmisiones, manteniendo únicamente un precio máximo autorizado.
