Sevilla. Más de 1,37 millones de habitantes del área metropolitana de Sevilla, el 93% de la población de ese ámbito, residen en los 34 municipios de la corona que tienen en funcionamiento su registro municipal de demandantes de vivienda protegida, incluidos la capital y las poblaciones con mayor número de residentes. Estas localidades han contabilizado hasta el momento en el programa 45.387 solicitudes y ya han adjudicado o tienen en proceso de adjudicación un parque residencial protegido de 6.118 VPO en venta y en alquiler.
Sevilla, Bormujos, Camas, Dos Hermanas y Tomares han sido las localidades que han recurrido al registro para sacar al mercado sus viviendas, mientras que Albaida del Aljarafe, Alcalá de Guadaíra, La Algaba, Benacazón, Bollullos de la Mitación, Bormujos, Brenes, Camas, Carmona, Carrión de los Céspedes, Castilleja de la Cuesta, Coria del Río, Dos Hermanas, Espartinas, Gelves, Gerena, Guillena, Huévar del Aljarafe, Isla Mayor, Mairena del Alcor, Mairena del Aljarafe, Olivares, Los Palacios y Villafranca, Pilas, La Puebla del Río, La Rinconada, Sanlúcar la Mayor, Santiponce, Sevilla, Tomares, Umbrete, Utrera, Valencina de la Concepción y Villamanrique de la Condesa ya tienen las bases de datos en marcha.
Las doce localidades restantes del área metropolitana, que suman 97.641 personas, cuentan con el informe favorable emitido por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda a las ordenanzas que regulan estas bases y tienen, además, acceso al programa informático que gestiona los registros. Mediante esta herramienta los ayuntamientos pueden realizar las inscripciones de las personas interesadas. El conjunto está compuesto por Alcalá del Río, Almensilla, Aznalcázar, Aznalcóllar, Castilleja de Guzmán, Castilleja del Campo, Gines, Palomares del Río, Salteras, San Juan de Aznalfarache, Villanueva del Ariscal y el Viso del Alcor. La Consejería de Obras Públicas y Vivienda ha concedido a estos municipios una línea de ayudas de 421.000 euros con el fin de impulsar el proceso de puesta en marcha de los registros.
El registro de demandantes de VPO es el sistema vigente en Andalucía para seleccionar a las familias interesadas en optar a las tipologías residenciales de carácter protegido. Los ayuntamientos son los responsables lo ponen en funcionamiento y mantienen de forma permanente. Esta figura está contemplada en la Ley del Derecho a la Vivienda como clave para determinar la demanda de vivienda protegida, permitiendo con ello conocer de manera exacta el número de solicitantes y cuántos inmuebles y de qué tipos de tipologías residenciales se necesitan en cada municipio. Gracias a este instrumento, tanto la Junta de Andalucía como los ayuntamientos podrán elaborar los planes de vivienda ajustados a las necesidades reales.
En líneas generales, en torno al 60% de los registros municipales de demandantes de VPO valorados por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda selecciona a los futuros adjudicatarios de inmuebles protegidos mediante el sistema de baremación. Esta modalidad establece la clasificación y el orden de los demandantes en función de la puntuación obtenida en los diferentes indicadores que miden la demanda, como los niveles de ingresos, la composición familiar, las necesidades de vivienda, la vinculación laboral o la antigüedad en el padrón.
El sorteo, que fija el orden conforme a las preferencias y al perfil de los propios ciudadanos seleccionados en los diferentes cupos creados en el registro, se aplicará en el 20% de los casos; mientras que el sistema de antigüedad, que clasifica en función de la fecha en que el interesado formalizó su inscripción en la base de datos, en algo más del 15%. Estos tres procedimientos constituyen los modelos más utilizados por los ayuntamientos para clasificar a sus ciudadanos interesados en acceder a una vivienda digna a precio razonable a través de esta nueva figura. El resto se ajusta a otros criterios de adjudicación, como cupos y sus posibles combinaciones.
