Resulta difícil saber en qué situación se encuentran los cientos de miles de viviendas que han acabado siendo propiedad de las entidades financieras y de la Sareb. Si están vacíos o alquilados.
Una aproximación realizada a tal efecto por el Ayuntamiento de Barcelona ha llegado a la conclusión de que también existe la posibilidad de que estén ocupados de manera ilegal. Así se desprende del estudio llevado a cabo por el consistorio de la Ciudad Condal.
Y no son pocos. Casi la mitad del centenar de viviendas inspeccionadas en una semana de las 400 que, caso de estar vacías, podrían ser sancionadas en virtud de la ley catalana del Derecho a la Vivienda. Un tercio están vacíos y solo 16 están ocupados de manera legal.
Habrá que ver si esta tendencia se mantiene en el resto de los 400 pisos para ver cómo afronta Habitat3 –la fundación que está creando la Mesa del Tercer Sector Social– la gestión de estos pisos, en función del convenio firmado con el Ayuntamiento de Barcelona. Una fórmula que esta fundación espera ampliar a otros ayuntamientos.
El consistorio encabezado por Xavier Trias se ha comprometido a aportar más de seis millones de euros en los próximos cuatro años para financiar las reformas que sean necesarias de cara a adecentar estas viviendas y subvencionar la diferencia entre lo que aportarán los inquilinos y un precio máximo pactado con los propietarios de 700 euros mensuales.
En Cataluña hay 450.000 pisos vacíos. Y 231.000 familias que necesitan una vivienda asequible. Es decir, el número de inmuebles desocupados duplica el de hogares con necesidad de un techo. Estas cifras forman parte de la radiografía sobre el alquiler social realizada por la Mesa del Tercer Sector. Solo el 2% del total de parque de pisos se dedica a este fin, mientras que la media europea es 13 puntos superior.
Los cálculos muestran que unos 100.000 pisos vacíos están en manos de las entidades bancarias (incluyendo los del Sareb, el banco malo), otros 80.000 son inmuebles de nueva construcción que el mercado no ha podido absorber y la gran mayoría, unos 270.000, son propiedad de particulares que no les dan uso.
Para llegar a estas cifras se han tenido en cuenta las 50.000 familias que han sido desahuciadas de su vivienda en los últimos cinco años, los casi 70.000 registrados en las listas de pisos protegidos de la Generalitat de Catalunya y unas 65.000 familias en riesgo de exclusión social. El cálculo también incluye una demanda oculta de 10.000 familias.
