Madrid. Está claro que a nadie le gusta malvender, lo que sea, cuando sabe que valía mucho más hace un tiempo y, sobre todo, si lo que se intenta vender fue adquirido a un precio más alto. Pero, cuando no queda más remedio y se necesita el dinero para cubrir otros gastos ineludibles y no existe financiación alguna para afrontarlos, no queda otra.
Es lo lógico. La lógica que no funciona en el caso de las Administraciones Públicas respecto a la desinversión de su patrimonio inmobiliario, ya sean ayuntamientos, comunidades autónomas o el propio Estado. Planes de reordenación del patrimonio inmobiliarios, todos, resultados pocos. Y es que se resisten, de manera numantina, a deshacerse de estos activos.
El año pasado, solo las Comunidades Autónomas presupuestaron la obtención de casi 1.400 millones por la venta de inmuebles y privatizaciones. Solo lograron ingresar 273. Se repite pues un desfase histórico de las cuentas. El mismo, desde hace cinco años tras el estallido de la burbuja inmobiliario, se está produciendo con el tema de los ingresos fiscales procedentes de las compraventas inmobiliarias.
Calcularon que por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, el gravamen por la compraventa de viviendas de segunda mano o trámites administrativos, iban a llegar a las arcas de los Ejecutivos autónomos más de 7.300 millones de euros. Por el camino se quedaron 1.700.
Millones y más millones que luego, a la hora de la verdad, tienen que salir de algún lado para cubrirr los gastos, que ya se sabe que son los que son salvo, so pena de cuadrar las cuentas con el recorte de gastos sociales que no estaban inicialmente computados, o llamando a las puertas de Hacienda, como ocurrió, para hacer encaje de bolillos financiero y demorar el cumplimiento del ajuste del déficit.
Cataluña es la principal responsable del incumplimiento en las estimaciones de ingresos por la venta de patrimonio y privatizaciones. La Generalitat había previsto recaudar 888 millones por este capítulo con la venta de Aigües Ter Llobregat (ATLL) a Acciona. Sin embargo, la operación fue impugnada por el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC), un ente independiente de la propia Generalitat. Con independencia de cómo termine este contencioso, la realidad es que, en 2012, Cataluña solo pudo imputar 20 millones de ingresos por enajenaciones de inversiones reales frente a los 888 millones presupuestados.
Y este año volverá a pasar lo mismo. Al tiempo. ¿Alguien puede creerse que recauden casi 1.700 millones por venta de patrimonio cuando han sido incapaces, en época de bonanza, de superar los 300 millones? Solo podrán hacerlo si venden el doble de activos previstos y por la mitad de precio.
