miércoles, 19 junio 2024
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¿Cómo cumplirá el Ministerio con la nueva Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia?

El Consejo de Ministros aprobó recientemente este anteproyecto, que pretende hacer los servicios digitales más accesibles al ciudadano.

EVID, herramienta desarrollada por la firma gallega Councilbox, permite al Ministerio de Justicia que los ciudadanos realicen determinadas gestiones de forma videopresencial, como la solicitud del certificado de antecedentes penales.

Con el objetivo de establecer un marco jurídico que facilite y promueva la digitalización, el Consejo de Ministros aprobó recientemente el Anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia. Gracias a este documento, los servicios digitales de justicia en España serán más accesibles para la ciudadanía, reforzando también la seguridad jurídica en el ámbito digital.

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Para lograr alcanzar los objetivos que se prevén establecer, y también en línea con la Agenda 2030, el Ministerio ya ha comenzado a trabajar en su reforma tecnológica. Entre las medidas adoptadas está la implantación de EVID, un Escritorio Virtual de Inmediación Digital adaptado específicamente para la institución por parte de Councilbox, firma gallega especializada en soluciones de tecnología legal.

La plataforma EVID permite al Ministerio ofrecer una atención virtual y personalizada al ciudadano a través de una videoconferencia segura. Todo ello ante un anteproyecto de ley que reconoce «el derecho de la ciudadanía a un servicio personalizado de acceso a procedimientos, informaciones y servicios» y que promete garantizar «la prestación de los servicios notariales y registrales sin necesidad de presencia física», entre otros puntos.

De acuerdo con Javier Polo, CEO de Councilbox, «esta reforma tecnológica pone el foco en la ciudadanía, estableciendo el compromiso en materia de Justicia de garantizar la prestación de un servicio público de calidad al ciudadano, haciendo uso de los medios digitales». Además, añade que «actualmente y gracias a EVID, quien lo desee ya puede solicitar cita previa, enviar y firmar documentación y ser atendido telemáticamente y de forma personalizada, a través de una videoconferencia segura con los más altos estándares de calidad».

A través de EVID es posible realizar los trámites habituales de una oficina de atención al ciudadano, con una gestión que va desde el momento de la reserva de cita previa hasta la generación del acta, incluyendo el envío de información o la firma de documentos. Esto ofrece importantes ventajas, como el registro de evidencias de la gestión realizada y de la información suministrada, una trazabilidad del proceso que no existe en la atención presencial. Entre los trámites que la plataforma ya permite realizar al ciudadano se encuentran, entre otros, el certificado de antecedentes penales o de últimas voluntades.

Plenas garantías en entornos seguros

El Anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia pretende, además, reforzar la seguridad jurídica digital en las actuaciones y servicios no presenciales. Precisamente, el Ministerio de Justicia ya trabaja en este punto con el servicio de EVID.

En concreto, todos los procesos realizados a través del Escritorio Virtual de Inmediación Digital se almacenan en blockchain, una tecnología que garantiza la seguridad de los datos y la inmutabilidad de las evidencias, lo que aporta un completo respaldo legal. «Gracias al uso de nuestra herramienta, la Justicia española se sitúa en la vanguardia del uso de las tecnologías de la información, impulsando la transformación de la Justicia hacia un servicio público, cercano y eficaz», aclara Javier Polo.

Además de contribuir al cumplimiento de la futura Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia, la implantación de la herramienta de Councilbox es sencilla y no ha precisado de ninguna inversión en infraestructura, redes, software adicional o seguridad, pudiendo integrarse con certificados digitales de identificación como DNI electrónico o el certificado FNMT. A esto se añade el ahorro de tiempo y recursos tanto de la Administración como del ciudadano. Por ambas partes, el único requisito es contar con un dispositivo conectado a Internet. La plataforma, asimismo, es extrapolable a otras instituciones públicas, ajustándose a las demandas concretas de cada una de ellas para brindar una atención ciudadana virtual, práctica, segura y con respaldo legal.

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