Generalmente se suele asociar el desahucio a las familias de escaso poder adquisitivo en barrios azotados por el desempleo, a las que la crisis ha golpeado con especial dureza, pero esta situación está alcanzando también a otras. Las dificultades para hacer frente a los compromisos de pago afectan cada vez a más capas de la sociedad, y empiezan a poner en apuros a las familias de clase media-alta.
Según un estudio de AFES, Asociación de Afectados por Embargos y Subastas, los problemas económicos ya han empezado a asfixiar a personas de la zona metropolitana oeste y norte de Madrid. El número de personas procedente de dichas áreas se ha incrementado en un 200% en los primeros seis meses del año. Un incremento muy superior al de otras zonas de la capital que, aunque sigue creciendo, lo hace más lentamente.
Las razones hay que buscarlas en la caída de la actividad empresarial. Hay unas 22.000 empresas menos en la Comunidad de Madrid desde 2007, aunque esta tendencia empieza a revertirse en el primer semestre de 2012 muy lentamente, los empresarios que durante esta etapa disminuyeron su actividad y pidieron créditos para mantenerse hasta lo que calculaban que sería el fin de la crisis, es ahora cuando han visto agotadas sus posibilidades para hacer frente a sus deudas.
Por su parte, las familias de rentas más altas han podido resistir la pérdida de empleo de uno o más miembros de la familia durante algún tiempo gracias a su solvencia económica o venta de propiedades, pero el tiempo ha acabado agotando sus recursos y, ante la imposibilidad de seguir estirando el presupuesto, ahora encuentran problemas para seguir adelante.
Las dificultades de empresas y particulares para afrontar sus obligaciones de pago han ido en aumento en los últimos meses y así lo reflejan los datos de morosidad hechos públicos por el Banco de España, que han alcanzado su máximo histórico situándose en junio en el 9,42%, y que suponen un aumento de casi medio punto porcentual en sólo un mes.
Cronología de las consecuencias de la crisis en los perfiles sociales
Cuando estalló la la burbuja en 2007, existía un volumen de inmuebles adquiridos a precios máximos. El creciente desempleo llevó a muchos propietarios a intentar vender sus viviendas y recuperar su inversión, pero se encontraron con que el precio de mercado no se correspondía con el crédito que habían solicitado.
La imposibilidad de hacer frente a todos los gastos de un hogar llevó a muchas familias a no poder cumplir con sus compromisos de pago y comenzaron las ejecuciones hipotecarias que acabaron en desahucio. La crisis se ha ido extendiendo como una mancha de aceite por la sociedad, aunque no ha llegado al mismo tiempo para todos.
Así se ha propagado la crisis:
2007-2012 Familias inmigrantes. Los primeros en sufrir esta situación durante el inicio de la crisis fueron las familias inmigrantes. En una etapa de bonanza de la economía, y tras llevar varios años en nuestro país, tomaron la decisión de comprar una casa. Fueron los primeros golpeados por la crisis por tres circunstancias.
En primer lugar, fueron el colectivo que perdió antes su empleo. En segundo lugar, se encontraban en una situación de desarraigo, no tenían familiares en los que apoyarse económicamente. Y, en tercer lugar, arrastraron en su caída a otros compatriotas en su misma situación, ya que en el momento de solicitar el crédito para comprar la vivienda, al no contar con garantías suficientes, buscaron avalistas entre sus allegados. Se avalaron unos a otros, lo que provocó que con la crisis fueran cayendo como fichas de dominó.
2008-2012 Jóvenes familias españolas. A continuación, las ejecuciones hipotecarias se cebaron con las familias de nacionalidad española, jóvenes de entre 35 y 45 años, sin más propiedad que su primera vivienda y generalmente con niños pequeños. La crisis se
llevó por delante uno ó dos de los salarios que llegaban a casa.
Con la subida de los tipos de interés, fueron pagando sus deudas como pudieron con la ayuda de familiares, amigos, tarjetas de crédito, financieras de dinero rápido, segundas hipotecas, usureros, y de quien se lo pudo prestar. Agobiados por las deudas tanto de la hipoteca de su casa, como de las nuevas que se generaron para pagar las antiguas, fueron agotando su capacidad de generar recursos.
2009-2012 Avalistas. Las ejecuciones siguieron con la figura del avalista, una de las más perjudicadas por el azote de la mora hipotecaria. Por lo general son padres que avalaron a hijos que no han podido hacer frente a la hipoteca y que cuando este hecho se ha producido ven peligrar sus pensiones y propiedades para pagar un préstamo que nunca les reportó nada.
La falta de información sobre las consecuencias de firmar avales, unido a las actitudes de algunas entidades ha provocado verdaderos dramas sociales de difícil situación, con la consecuente desintegración de la unidad familiar por motivos económicos.
2011-2012 Empresarios y familias de rentas altas. Y por último, les llega el turno a los empresarios, dueños de un negocio azotado por la crisis que han intentado mantener a flote hasta el último momento.
Utilizaron sus bienes personales para financiar a su empresa porque creían en su proyecto. Hipotecaron y avalaron operaciones de refinanciación con su vivienda, además de pedir dinero prestado a todo aquel que se lo quisiera dar. Tenían como objetivo sacar su empresa de la crisis y para ello cualquier financiación les valía.
Definitivamente la crisis se llevó su negocio por delante y, con él, su vivienda. Ahora ha llegado el momento de enfrentarse a un proceso para el que no están preparados y para el que no les quedan fuerzas.
Por su parte, muchas de estas familias de alto nivel son asimismo propietarias o familiares de empresarios, por lo que se ven arrastradas por sus circunstancias e incapaces de encontrar empleo.
Los últimos en sufrir las consecuencias de la crisis en su mayoría no tienen derecho a la prestación por desempleo al ser autónomos y tienen difícil acogerse al plan previsto por el Código de Buenas Prácticas impulsado por el gobierno, ya que escapan a los supuestos de situación de riesgo y exclusión social.
