Madrid. La banca española ha soportado unos costes de, al menos, 6.000 millones de euros en la gestión de los procedimientos de ejecución hipotecaria, según un estudio interno realizado por Alteba, compañía especializada en la gestión inmobiliaria. Estos gastos provienen de las ejecuciones, el mantenimiento y la comercialización de los inmuebles embargados a raíz de la crisis económica desde 2007.
El estudio considera estos 6.000 millones como una estimación a la baja de unos costes que, realmente, podrían llegar incluso a superar los 9.000 millones si se computaran todas las partidas que se destinan a gestionar el patrimonio adquirido por vía judicial, por el aumento de la morosidad.
Según los datos del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial), desde 2007 hasta el primer semestre de 2011 se han producido 350.000 ejecuciones hipotecarias; como consecuencia de ellas, hasta el momento 125.000 personas o familias han perdido sus casas en este periodo y otras 225.000 más están camino de hacerlo.
Según los datos elaborados por Alteba a partir de la información de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), el importe medio ponderado de las hipotecas españolas entre los años 2007 y 2011 se situó en torno a 130.500 euros. Con unos gastos que se sitúan entre el 15% y el 20% de este importe, las 350.000 ejecuciones costarán a la banca más de 6.000 millones de euros.
Los principales gastos asociados a la adjudicación de los inmuebles son los recursos propios de la entidad utilizados para la gestión judicial, administrativa, técnica y comercial; las empresas de recobro para realizar el seguimiento y la recuperación de la mora; los costes judiciales de los procedimientos: abogados, procuradores, tasas judiciales; el mantenimiento de los inmuebles recuperados; la comercialización de los inmuebles; y, por último, los impuestos y los gastos de comunidades de propietarios: solo el ITP oscila entre el 6,5% y el 8% del valor de adjudicación, dependiendo de la comunidad autónoma.
Como demuestran los datos, aunque la morosidad ha crecido en el último año –hemos alcanzado el 2,41% en el segundo trimestre del 2011–, el número de ejecuciones hipotecarias ha descendido. Este hecho puede explicarse con las acciones que están llevando a cabo las entidades financieras, aplicando una política pragmática para paliar, o al menos retrasar, el impacto social de este enorme problema. Sin embargo, no es suficiente. Si se compara el enorme volumen de gastos que asumen las entidades para gestionar el problema del impago de préstamos con garantía inmobiliaria con los presupuestos que las administraciones públicas y las organizaciones sociales tienen para minimizar sus efectos, el balance está descompensado.
