Madrid. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) también se ha sumado al coro de voces que piden la cancelación de la deuda hipotecaria una vez que las entidades financieras han ejecutado el crédito y desalojado a las familias de su vivienda. El asunto fue uno de los tratados en la reunión que ha mantenido en Vitoria. En el seno de la misma se debatió el tema con el fin de pedir al Gobierno central un desarrollo de la normativa que “permita eliminar” las situaciones “tremendamente duras” que sufren las familias que no pueden afrontar los pagos y se ven obligadas a devolver a los bancos sus viviendas y además a seguir pagando las deudas.
El apoyo a esta iniciativa coincidía con una votación en el Congreso de los Diputados en la que PSOE y PP aunaban fuerzas para rechazar una proposición de ley de IU e ICV que reclamaba cambiar la legislación hipotecaria para obligar a las entidades a aceptar que, con la entrega de la vivienda, sea suficiente para cancelar el préstamo. La diputada de ICV, Nuria Buenaventura, ha defendido que el coste de este cambio legal sería de 15.000 millones de euros, una cifra inferior a las ayudas públicas recibidas por la banca española en el marco de la crisis. “El problema no es lo que pierden, sino lo que dejan de ganar”, ha señalado.
La iniciativa, derrotada por 320 votos en contra ocho a favor y nueve abstenciones, contemplaba también la “prohibición de cláusulas abusivas” en los contratos, como la imposición de intereses moratorios superiores a los remuneratorios, los avales por importes que excedan el precio de la propia vivienda y la imposición de comisiones por el estudio o concesión de un préstamos hipotecario.
Ana Fuentes Pacheco rechazaba un cambio normativo sobre esta cuestión más allá de medidas puntuales y coyunturales para contrarrestar el impacto de los embargos de parados como consecuencia de la crisis y contrarrestar el sobreendeudamiento, mientras que el diputado del PP Pablo Matos aseguraba que ve pertinente actuar sobre los “desproporcionados y tremendamente injustos”, pero argumentaba su rechazo a la propuesta porque vulnera las competencias autonómicas provocando.
