La jornada “Última jurisprudencia y problemática práctica en propiedad horizontal”, que se celebrará presencialmente en la Cámara de Propiedad Urbana de Barcelona y con la modalidad online para todo el territorio nacional el próximo 30 de noviembre, evento en el que colabora el Colegio Oficial y Asociación de Agencias y Agentes Inmobiliarios de Madrid (COAPIMADRID – AIM), contará con la participación de juristas expertos que abordarán cuestiones de actualidad referidas a la propiedad horizontal.
Los fondos europeos, la eficiencia energética y la morosidad protagonizarán las reuniones y la actividad de las comunidades de propietarios en 2023. Expertos juristas – magistrados y abogados – abordarán desde un enfoque práctico diversas cuestiones de actualidad referidas a la Ley de Propiedad Horizontal, analizando la última doctrina surgida en los tribunales durante la jornada “Última jurisprudencia y problemática práctica en propiedad horizontal”, que se celebrará presencialmente en la Cámara de Propiedad Urbana de Barcelona y con la modalidad online para todo el territorio nacional el próximo 30 de noviembre.
El aumento de la factura de la energía y de los costes económicos son el origen de las principales cuestiones que preocupan en las comunidades vecinales, por lo que motivarán que la tramitación de los fondos europeos, la eficiencia energética y las reclamaciones por la morosidad protagonicen en 2023 y previsiblemente en los años siguientes la actividad de las comunidades de propietarios, ámbito regulado por la Ley de Propiedad Horizontal.
Como explica Joan Ràfols Esteve, Presidente de la Cámara de Propiedad Urbana de Barcelona, quien inaugurará la jornada, “las cuestiones que más van a ocupar en las reuniones de las comunidades de vecinos son la eficiencia energética, la morosidad y las obras de reforma”. En el caso de la eficiencia energética el motivo es la “antigüedad del parque de vivienda” existente en España. Así, el auge de la publicidad de los Fondos Next Generation UE en el ámbito estatal y autonómico, explica, está provocando que “en todas las comunidades de propietarios se estén planteando solicitudes sobre los fondos”.
El problema, explica Joan Ràfols Esteve, es que “las expectativas creadas pueden no llegar a cumplirse por las elevadas inversiones por vivienda que se exigen para conseguir las ayudas, se estiman en hasta 13.000 € por vivienda, son cifras importantes, especialmente para edificios de viviendas multifamiliares”.
A esta problemática se añaden como cuestiones candentes, “ahora que estamos en periodo de dificultades económicas para las familias, la morosidad, las derramas o las discrepancias para realizar alguna actuación en la comunidad”.