A principios de la pasada década se juntaron el hambre con las ganas de comer. España iniciaba uno de los periodos de crecimiento más productivos de su historia, gracias al sector inmobiliario, y, además, en clave de modernidad, se planificaba una de las más extensas redes ferroviarias de alta velocidad.
Con ambas claves, en la recta final del mandato del Gobierno de José María Aznar y con Francisco Álvarez Cascos como ministro de Fomento, se constituyeran una decena de sociedades públicas para llevar a cabo el soterramiento de los accesos a las estaciones.
Sociedades que tenían su lógica entonces. En España todo lo ligado con este segmento parecía tener el beneficio garantizado, con lo que construir miles de viviendas sobre las vías soterradas se veía, no solo como una operación de riesgo limitado, sino como una vía para obtener pingües beneficios.
Tres lustros después, la de Valladolid, anda en serios problemas y en riesgo de desaparecer. Los socios de Valladolid Alta Velocidad 2003 -Adif Alta Velocidad, la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Valladolid, Adif y Renfe- han intentado hacer todo lo posible para evitar lo peor, pero no han llegado a un acuerdo para refinanciar la deuda.
Los accionistas se ven incapaces de devolver los bancos los 400 millones de euros que adeudan a los bancos. Un agujero que ha ido creciendo año a año, ante la imposibilidad de vender los terrenos que, una vez soterrado el haz de vías ferroviario, hubiera permitido obtener los fondos necesarios para financiar la costosa obra de infraestructura.
El problema es que algunas de estas sociedades se endeudaron para acometer las primeras obras, asumiendo una costosa deuda financiera, que hoy supera los 1.500 millones de euros, el 25% aglutinado en la sociedad vallisoletana. El Estado, a través de la participación de Adif y Renfe, asume un riesgo que se eleva por encima de los 500 millones de euros, en parte provisionados.
En las últimas cuentas de Valladolid Alta Velocidad, las de 2014, KPMG ya dejaba caer la que se avecinaba. «La disminución de los flujos de efectivos relacionadas con el aprovechamiento urbanístico ha puesto de manifiesto la existencia de un déficit de los ingresos respecto a los gastos», recogía la auditora.
Ante esta situación, al auditar la referidas cuentas en junio de 2015, KPMG requería a los accionistas a que obtuvieran nuevas fuentes de financiación y a renegociar las deudas para continuar con el proyecto. Finalmente no ha sido posible y la solicitud voluntaria de concurso de acreedores enfilará la liquidación de la sociedad.
Valladolid Alta Velocidad 2003 había obtenido, en febrero de 2011, una línea de crédito de 400 millones otorgada por BBVA, Santander. Bankia, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y Caja España, con vencimiento en julio de 20121 y a un tipo de euribor a tres y seis meses con un diferencial del 4%.
