El tema del rescate por parte del Estado de las autovías de peaje quebradas ha quedado aparcado hasta después de las elecciones europeas, pero se siguen conociendo datos acerca del sinsentido de su trazado. A pesar del incremento registrado el pasado mes de abril, la caída de tráfico en los cuatro primeros meses de 2014 ha seguido aumentando.
En ese periodo fueron poco más de 5.500 los vehículos que circularon por las nueve autopistas que se van integrar en la nueva sociedad pública de cara a evitar su liquidación.
Hablamos de unos 25 vehículos a la hora. O sea, dos cada minuto. Aunque ninguna comparable a la autopista Madrid-Toledo, que se desplomó un 25,5%, de forma que apenas sumó un millar de coches al día. Imagínense el tema, y sobre todo el agujero que supone esto para las concesionarias.
De quedar el asunto como el Ministerio de Fomento ha planteado, después de muchas idas y venidas, con las propias concesionarias y con las entidades financieras, se realizará una quita del 50% en la deuda que tienen con los bancos, que quedará así en unos 2.400 millones de euros.
Además, los 2.400 millones de euros de deuda con que se constituiría la nueva empresa nacional de autopistas se convertiría en un bono con vencimiento a treinta años y con una rentabilidad del 1%. El recorte en volumen de deuda reconocido arroja una quita del 36%.
A ella es preciso sumar la quita adicional implícita que supone alargar el plazo de vencimiento de este pasivo hasta los treinta años. En virtud de este proyecto, el Estado asumiría además la deuda de hasta 1.200 millones de euros a la que las autopistas pueden tener que hacer frente para pagar expropiaciones de los terrenos sobre los que se construyeron.
Esta disminución del tráfico, junto con los sobrecostes que registraron por las expropiaciones, constituyen las principales causas de la situación de quiebra que afrontan las sociedades concesionarias de estas autopistas, todas ellas en concurso de acreedores.
Para garantizar la financiación de las concesionarias de estas carreteras España se gastó casi 5.000 millones de euros. Hace unos meses, el Ministerio de Fomento hizo pública, por primera vez en un documento único, la cantidad que, año por año, ha sido abonada a las mayores concesionarias del sector como seguro por la financiación exterior que tuvieron que buscar hace 30 años.
Acesa, Europistas, Betica, Aumar, Avasa, Audasa, Eurovias, Aucalsa, Vasco Montañesa y Audenasa son las concesionarias que recibieron los pagos con objeto de lograr la más pronta amortización de la deuda del sector, según reza la ley que regula el procedimiento de revisión de las autopistas de peaje.
