Llevan tiempo la patronal y las empresas concesionarias de autovías dejando caer, cada vez que tienen ocasión, que los españoles debemos pagar por circular por las autovías, por las clasificadas de peaje desde el principio y por las demás. Que es la única forma de que el sistema actual sea sostenible y las inversiones realizadas no se vayan al garete.
“Tarde o temprano”, decía hace unos días el presidente de la patronal José Luis Feito, al Gobierno no le va a quedar otra que articular algún tipo de medida para mantener las autovías y obtener un rendimiento de ellas. O sea, pagar por circular.
El tema ya recurrente se va a recrudecer en las próximas semanas ante la postura mantenida por el Ministerio de Fomento en relación a esa sociedad de rescate, con la que estas empresas están en total desacuerdo con los números que el departamento dirigido por Ana Pastor ha puesto sobre la mesa.
Básicamente que los socios de las autopistas trasformen sus inversiones y la deuda subordinada en un 20% de la nueva sociedad. O sea, unos 120 millones de euros. Y, claro, no tragan. Piden el doble, como mínimo, y por ahí es el Ministerio el que no pasa, aunque el Estado corre el riesgo, en caso de las concesionarias en concurso se liquiden, de enfrentarse a la ejecución por parte de los bancos de la responsabilidad patrimonial de la Administración, tal y como estipula la ley para los contratos de concesiones.
Es en este contexto en el que hay que enmarcar las declaraciones de Feito. Las de esta semana y las de semanas venideras. Pero la ministra, Ana Pastor, al menos públicamente, insiste en señalar que el pago universal no es el camino.
“Los españoles no pagarán el agujero de las autopistas”, arremetía la ministra para, seguidamente, señalar sin tapujos que el problema de las concesionarias de las autopistas que están quebradas deriva de dos aspectos clave. Por un lado, que se estimaba en un principio un tráfico que no ha sido tal. De cada cien coches previstos, la cifra real se ha reducido a tan sólo 15 coches, lo que reduce de forma drástica los ingresos de las concesionarias.
Y, por otro lado, está el asunto de las expropiaciones, que suponen un coste añadido para las empresas concesionarias, aunque el precio pactado en un principio está siendo revisado por muchos jueces. Pero con todo, remachaba la ministra, lo que no se contempla, ni se ha contemplado, es que la deuda de las concesionarias de las autopistas se pague con los impuestos de los españoles.
