viernes, 31 marzo 2023
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Actualidad y Noticias del Mercado Inmobiliario

Si no fuera por Adif, la obra pública habría desaparecido

Los números no engañan. No hay un euro para contratar obra pública en España. Y se evidencia en esos apenas 520 millones de euros adjudicados hasta el pasado mes de julio para la realización de obras de de infraestructuras, casi un 66% menos que hace un año.

Y menos mal que está Adif para mantener el tipo. De sus arcas saldrán el grueso de los algo menos de 1.000 millones que se adjudicarán en el conjunto del presente ejercicio. De no ser por los cada vez menos contratos que otorga la sociedad del Ministerio de Fomento para seguir vertebrando España con la alta velocidad, la cosa hubiera sido de escándalo.

En el cómputo agregado entre enero y julio, el 89,5% del total de obra contratada correspondió a las empresas públicas dependientes de Fomento, de forma que el Ministerio sólo promovió directamente trabajos por unos 55 millones.

Detrás se Adif se situaron Puertos del Estado, que en los siete primeros meses encomendó trabajos por 93,9 millones de euros, un 6,8% menos que en 2012, y Aena, que adjudicó obras por unos 21,5 millones, cantidad que duplica (+96%) a la de un año antes. De su lado, Renfe contrató proyectos por 1,23 millones de euros en el periodo, un 86% menos, mientras que Seittsa siguió sin adjudicar obra alguna, con lo que ya acumula más de un año sin firmar un contrato.

No se licitan nuevas obras porque el ajuste para cumplir con la reducción de déficit no lo permite, y también porque muchas de aquellas obras y concesiones llevadas a cabo en los años de las ‘vacas gordas’ se han saldado en un auténtico fiasco, como esas autovías de peaje quebradas que esperan ahora el rescate del Estado.

De momento el acuerdo entre Fomento y las concesionarias no acaba de ver la luz para crear esa empresa nacional que apechugue con el fiasco. Pero la tendrá que ver pronto aunque las compañías integrantes de la nueva sociedad vean relegada su presencia a tan solo el 20%. Y es que las presiones judiciales sobre este asunto van en aumento.

El Gobierno no ha logrado demorar más en los tribunales el pago de los más de 2.000 millones de euros de los terrenos expropiados para construir estas radiales. El Supremo ya se opuso a la intención de Fomento de que los afectados entraran a formar parte de las masa acreedora de los procesos concursales, y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ido más allá con un auto de ejecución de sentencia, que obliga a que los expropiados cobren antes de Navidad.
 

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