Madrid. La máxima no escrita de la economía sobre que los ingresos de un negocio son para unos pocos y las pérdidas, si las hay, las debe cubrir el Estado, o sea el conjunto de los ciudadanos, se está llevando a la práctica en España un día sí y otro también. Ocurrió con los activos inmobiliarios invendibles y la creación de la Sareb, para que las cajas de ahorros pudieran sanearse e irse de rositas después de haber sido parte activa del desaguisado provocado durante la pasada década.
Negociada ya una fórmula similar para los cerca de 5.000 millones de deuda financiera que no pueden devolver las concesionarias de autovías –en manos de las grandes constructoras como ACS, Ferrovial, OHL, Sacyr, Isolux o Comsa–, porque por esas infraestructuras de gran velocidad no circula ni el 30% de los vehículos que lo tendrían que hacer para que las cuentas salieran, el Ministerio de Fomento ha encargado a la auditoria Ernst & Young que cuantifique el valor de esta ‘autopista mala’.
Interesa a las constructoras y también al propio Estado. Si los concursos que hay sobre la mesa acaban en la liquidación de estas concesiones, será el Estado el que asuma la responsabilidad de pagar en último término como adjudicatario de la concesión.
Nadie quiere llegar a este extremo, pero tampoco hay dinero para sufragar la concesión de préstamos participativos y las cuentas de compensación, las dos vías de salvación articuladas inicialmente cuando la ministra Ana Pastor asumió la cartera de Fomento.
Por ello le han dado vueltas al tema para ver cómo se da la patada hacia adelante y lograr que los bancos acreedores se queden más o menos tranquilos, las constructoras también, y sea el conjunto de los ciudadanos –el Estado somos todos, ya saben– el que apechugue con otro negocio privado que ha salido trasquilado.
Hay que terminar de convencer a los bancos acreedores del tema, porque al final serán ellos los que rescaten a esta decena de concesionarias quebradas. Se trataría de que asumieran toda la deuda, la suya –unos 2.300 millones– más los 1.200 millones que están en manos de entidades financieras extranjeras. Pero ya, con la garantía del Estado.
De manera que todo quede en casa y no se corra el riesgo, como ha ocurrido en el caso de algunas inmobiliarias, de que entidades como Eurohypo o el Royal Bank of Scotland (RBS) –-lo hemos visto esta semana con su desmarque del acuerdo para refinanciar un sindicado de NH–- se salgan del carril y lo echen todo a perder. Y, además, tendrían que poner 1.200 millones adicionales para pagar, de una vez por todas, el sobrecoste de las expropiaciones.
Este es el asunto. Los bancos se quedarían con la deuda y el Estado con las acciones de las concesionarias de autovías quebradas y con una deuda de casi 5.000 millones a pagar dentro de 30 años. Dicen que los intereses serán blandos durante los primeros años, pero por muy blandos que sean imagínense el monto del agujero.
Otra patada hacia adelante a la que le resta cerrar el fleco de qué porcentaje estaría dispuesto a ceder Fomento a las constructoras en esa nueva sociedad que se va a constituir para rescatar a las autovías en quiebra. El Ministerio entiende que un 20% del capital en compensación por las aportaciones realizadas por los accionistas de las concesionarias sería suficiente, mientras que estos presionan para llegar hasta el 49%, el máximo posible para que el Estado mantenga el control y amortiguar las pérdidas. En cuanto se acuerde este reparto, ya tendrá el Estado otro muerto más en su armario.
