Madrid. En esta época de crisis por la que atraviesa casi todo el mundo, en la que nadie quiere arriesgar lo más mínimo y en la que los ‘alegres’ presupuestos de las épocas de ‘vacas gordas’ pasaron a mejor vida, es un momento para replantearse muchas cosas. Entre ellas, la de como articular el futuro de la obra pública cambiando todos los postulados anteriores.
Son mil y una las recomendaciones que desde las empresas de ingeniería y constructoras se están haciendo llegar hasta las administraciones para enderezar el tiro, sin que, de momento, haya surgido un camino claro por el que transitar.
No obstante, sea ahora o a medio plazo, lo que parece claro es que el coste para mantener las nuevas infraestructuras o las ya existentes pasará inevitablemente por el pago por su uso. En el tema de las autovías, por ejemplo, en plena concurrencia de concursos de acreedores, ya se han echado números. Se podrían ingresar cerca de 9.000 millones anuales imponiendo peajes en los cerca de 16.000 kilómetros de calzadas rápidas.
Otra actuación, barajada por los Estados para no comprometer el presupuesto en grandes obras, pasaría por la mejora de las condiciones crediticias y en la reducción de riesgos para captar inversión privada. Brasil con la intervención del BNDES en la financiación de infraestructuras, EE UU con sus fondos Tifia, o Chile garantizando ingresos mínimos en las autopistas, allanan el camino a las empresas que optan por invertir en sus planes de obra civil.
Aprovechar al máximo los activos existentes es otro punto a tener en cuenta, de cara a que se alargue el ciclo de vida de las infraestructuras gracias a la incorporación de tecnología, en busca de eficiencia y de nuevos campos de negocio, como las energías renovables. La gestión de infraestructuras está motivando infinita cantidad de datos en tiempo real, pero la capacidad para analizarlos y aplicarlos a una mejor toma de decisiones sigue siendo limitada.
Y, en el fondo de todo, la gran cuestión. Se haga lo que se haga con la reducción de costes en primer plano de toda estrategia, que, en buena lógica, aumentarán el papel de las empresas en la elaboración de los presupuestos para garantizar su correcta ejecución. Para ello, se requerirá la presencia de personal cada vez más cualificado, tanto a pie de obras como entre los directivos.
