Valladolid. La Mesa de directores generales de Carreteras de comunidades autónomas y diputaciones forales, un foro que, desde su constitución hace 15 años, coordina la Asociación Española de la Carretera (AEC) y que aborda los principales asuntos que afectan al sector, se ha reunido en Valladolid para debatir, como punto prioritario, la necesidad de consensuar medidas eficaces que permitan rentabilizar al máximo los recursos y llevar a cabo las actuaciones de conservación que la red viaria necesita.
En esta ocasión, la Mesa ha estado presidida por el director general de Carreteras e Infraestructuras de la Junta de Castilla y León, Luis Alberto Solís. Los participantes han analizado posibles fórmulas de financiación alternativa para las carreteras, y debatido sobre las oportunidades que ofrece la colaboración público-privada en el contexto actual.
A esta reunión han acudido un total de 20 representantes de las comunidades autónomas, además del director general de Carreteras del Ministerio de Fomento, Jorge Urrecho, y la directora general de Tráfico del Ministerio del Interior, María Seguí. Esta última responsable ha destacado la “importancia de la conservación de las carreteras convencionales para combatir la siniestralidad viaria”.
Impulsada por la Asociación Española de la Carretera y coordinada desde entonces por esta entidad, la Mesa de directores generales de Carreteras de comunidades autónomas y diputaciones forales se creó en 1997 como un órgano consultor que tiene como finalidad aunar esfuerzos e intercambiar experiencias en pro de una mejora continuada de las infraestructuras viarias del país.
La última vez que la mesa se reunió fue el 14 de diciembre de 2011 en Madrid. En aquella ocasión estuvo presidida por Borja Carabante e Iván Maestre, viceconsejero de Transportes e Infraestructuras y director general de Carreteras de la Comunidad de Madrid, respectivamente.
En sus 15 años de trayectoria, la Mesa se ha reunido en más de una treintena de ocasiones. La Asociación Española de la Carretera fue declarada de utilidad pública por el Ministerio del Interior en febrero de 1998.
