sábado, 25 mayo 2024

COAPIMADRID – AIM reclama la regulación obligatoria de la actividad inmobiliaria en la Comunidad de Madrid

Jaime Cabrero García, presidente del Colegio Oficial y Asociación de Agentes Inmobiliarios de Madrid (COAPIMADRID – AIM), ha reivindicado la regulación obligatoria de la actividad inmobiliaria en la Comunidad de Madrid, para lo que ha instado a que el Registro de Agentes Inmobiliarios (RAIN), que fue creado en 2018, sea obligatorio y no voluntario. El presidente de COAPIMADRID – AIM ha transmitido esta petición durante la reunión que mantuvo con David Pérez, consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid; Concepción Dancausa, viceconsejera de Vivienda y Administración Local y José María García Gómez, director general de Vivienda y Rehabilitación.

La protección de los consumidores es la clave del RAIN, por lo que una inscripción de carácter obligatorio permitiría conocer a todos los profesionales que trabajan en el sector y que desempeñan la actividad de intermediación inmobiliaria, lo que ahora no sucede desde que en 2000 la colegiación fue establecida con carácter voluntario. «Tenemos la oportunidad de cara al futuro de mejorar esta regulación, ya que de esta forma la protección del consumidor será más efectiva», explica Jaime Cabrero García.

Por otro lado, COAPIMADRID – AIM ha mostrado su disponibilidad para colaborar con el propósito anunciado por el consejero de Vivienda, David Pérez, de extender a todo el sector inmobiliario la actuación del Consejo Arbitral de la Comunidad de Madrid, como pueden ser materias relativas a procesos de compra-venta o derechos de superficie, entre otras cuestiones y no únicamente relacionadas con el alquiler. La Institución Arbitral Inmobiliaria (IAI) del COAPI de Madrid forma parte del Consejo Arbitral, por lo que ya existe colaboración en este ámbito.

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Por último, durante la reunión se abordó la sintonía que mantendrán COAPIMADRID – AIM y la Consejería en el desarrollo del Plan Vive que, entre otros objetivos, afronta el reto de la construcción de 25.000 viviendas nuevas en la región dotadas de protección pública.

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