En 2014 se han presentado distintas propuestas de estrategias de rehabilitación del parque de edificios motivadas por el cumplimiento del artículo 4 de la Directiva de eficiencia energética y la oportunidad que representa para la reactivación del sector de la construcción, la recuperación del empleo y de la economía. Aunque todavía resuena la afirmación del Plan de Acción Nacional de Ahorro y Eficiencia Energética, que el Gobierno envió a Bruselas la pasada primavera, asegurando que España había alcanzado en 2012 los objetivos de eficiencia energética establecidos para 2020 y que cualquier esfuerzo adicional sería un obstáculo para la recuperación económica.
Una vez que parece existir consenso sobre la oportunidad de desarrollar estos planes de rehabilitación, el debate se ha centrado en su financiación y cómo superar el circulo vicioso de crear demanda de rehabilitación sin contar con instrumentos de apoyo financiero. La primera solución planteada en las directivas europeas y la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas es financiar la rehabilitación a través de los ahorros energéticos.
La reforma eléctrica ha duplicado lo que se paga por la potencia contratada en el recibo de la luz y rebajado lo que se paga por la energía consumida. La mayoría de consumidores, hogares, oficinas y pequeñas industrias, financian con sus recibos dos terceras partes de los costes del sistema a pesar de que consumen menos del 50% del total. La reforma energética incentiva así el mayor consumo y no solo desincentiva el ahorro sino que hace inviable su financiación. La rehabilitación energética carece de esta manera de señales de precio y de apoyos, contraviniendo lo establecido en los artículos 15 y 18 de la Directiva de eficiencia energética.
La Agencia Internacional de la Energía y la Comisión Europea han insistido en que la eficiencia energética es el primer combustible y que cada euro que se invierte en ahorro de energía recupera cuatro euros para el conjunto de la economía por reducción de importaciones energéticas y menores costes para hogares y empresas. Por eso es importante cuantificar los beneficios de la eficiencia energética. Según los datos registrados de las certificaciones energéticas, más del 95% del parque de diez millones de edificios, incluidos los veinticinco millones de viviendas, necesitan actuaciones de eficiencia energética y la diferencia entre la máxima calificación energética A y la mínima G es de un 80% de ahorro de energía. Solo en el sector residencial, según el Informe GTR 2014, el potencial de ahorro se estima en 9.360 millones de euros cada año y la creación de 150.000 empleos, que la CEOE eleva a más de 212.000. La revalorización de los edificios a través de la rehabilitación energética puede llegar al 15%.
La inversión en eficiencia energética de edificios se va a duplicar en los próximos años y una inmensa mayoría de empresas españolas consideran cada vez más tangibles los beneficios de la reducción de costes a través de la eficiencia energética. Según Grant Thornton "para los líderes empresariales la mejora en la eficiencia energética o el abastecimiento con materias primas locales son relevantes no solo cuando la crisis obliga a priorizar la reducción de costes sino también cuando la economía está creciendo".
La Directiva de eficiencia energética establece los tres mecanismos de financiación de la eficiencia energética de edificios: el artículo 7 crea el sistema de obligaciones a través del ahorro del 1,5% de las ventas anuales de energía por distribuidores y empresas minoristas de venta de energía o medidas alternativas como impuestos al CO2, incentivos fiscales e instrumentos financieros y estándares de eficiencia energética. El artículo 17 establece la colaboración público-privada con los bancos en la financiación de la eficiencia energética. El artículo 20 crea el Fondo Nacional de eficiencia energética para respaldar las inversiones en eficiencia energética.
La Ley 18/2014 ha creado el Fondo Nacional de eficiencia energética, pero sigue pendiente el desarrollo de las medidas alternativas, los certificados de ahorro energético y el funcionamiento efectivo del fondo como instrumento financiero, existiendo el riesgo de que se contemple como una carga más del sistema que acabará trasladando el 1,5% del artículo 7 de la directiva a los consumidores.
El 30 de octubre pasado se firmó el Acuerdo de Asociación para España 2014-2020 con la Comisión Europea que comprende los fondos estructurales y de Inversión Europeos por un importe de 36.900 millones de euros. Los fondos contribuirán a aumentar la tasa de empleo del 59,3% en 2012 al 74% en 2020. En relación con los objetivos energéticos, "los fondos proporcionarán una contribución significativa a la reducción del consumo de energía en los edificios y en las empresas y facilitarán el logro del objetivo de la reducción del 20% en el consumo de energía primaria para 2020. Un 22% de la dotación total de los fondos contribuirá a apoyar la consecución de los objetivos relativos a la lucha contra el cambio climático".
Además, de los 19.408 millones del FEDER, al menos el 5% se invertirá en acciones de desarrollo urbano sostenible integrado. Los programas que se refieren a favorecer la economía baja en carbono, la adaptación al cambio climático y proteger el medio ambiente y la eficiencia de los recursos suman más de 10.400 millones aplicables a inversiones en eficiencia energética.
Los fondos europeos se destinarán a apoyar la financiación de inversiones más que a subvenciones directas y van a priorizar los proyectos integrales, aquellos que abordan varios objetivos temáticos incluidos en una misma estrategia urbana. El enfoque de los fondos europeos es ascendente, de lo local a lo estatal, y da un papel fundamental a la iniciativa de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos en la creación de demanda de rehabilitación energética por ser las administraciones competentes en la ordenación del territorio y porque la gestión de los fondos se orienta hacia la energía descentralizada y la ciudad sostenible.
La demanda de rehabilitación habrá de formarse de igual manera, de abajo arriba aprovechando el potencial energético local. Son muchos los instrumentos que desde la política regional y municipal pueden contribuir a ello, como las ordenanzas fiscales, las ordenanzas de edificación, los planes de ordenación territorial y municipal, simplificación administrativa, créditos blandos y garantías para las comunidades de propietarios. Son poderosas herramientas que con buenas dosis de consenso pueden contribuir a modificar la cultura energética de nuestras ciudades, mejorar la cohesión social y reducir los costes energéticos.
