Los últimos datos conocidos vienen a señalar que las obras de rehabilitación siguen sin arrancar, pero al menos se ha logrado atenuar la caída que se venía acumulando desde hace años. Un año después de entrar en vigor el nuevo marco legal para la vivienda, sus efectos empiezan a notarse.
El Gobierno ha logrado que la rehabilitación, uno de los grandes ejes de actuación junto al alquiler, empiece a recuperarse. Los 7.312 visados concedidos entre enero y abril para reformas en viviendas son prácticamente los mismos que los otorgados en el primer cuatrimestre de 2013. No obstante, en algunas comunidades autónomas, como Madrid, se percibe un repunte.
Promotores y comunidades de propietarios han decidido que este puede ser un buen momento para acometer las reformas, como lo demuestran esos 908 certificados de inicio de obras visados en Madrid capital entre enero y abril, por los 754 firmados en el mismo periodo un año antes, un 20% más.
Y otro dato todavía más clarificador. Las obras que se inician se terminan. Algo que en los últimos años no estaba sucediendo. Las 1.279 viviendas reformadas que, entre enero y abril, han recibido el certificado de fin de obra son prácticamente el doble de las que lo recibieron en 2013, siendo muy parejo el número de obras iniciadas en ambos periodos.
Son datos que van en la línea de lo que vienen reiterando desde hace un año los responsables de Fomento, con la ministra Ana Pastor a la cabeza. Los que deben posibilitar que cambie en materia de vivienda el referente que se ha mantenido hasta ahora. Y dejar de pensar únicamente en la construcción de nuevas promociones para, en su lugar, destinar el dinero público a fomentar el alquiler y a rehabilitar como medida de generación de actividad y empleo.
Las razones eran obvias. Más de cinco millones de viviendas, la quinta parte de todas las que forman el parque residencial español, tienen una antigüedad superior a los 50 años y son más de 8,5 millones los que tienen entre 30 y 50 años.
Excesiva antigüedad que lleva a que se contabilicen 83.532 viviendas en edificios ruinosos, 265.788 en mal estado, 1.380.531 en estado deficiente y 156.208 viviendas que carecen de servicio o aseo. Y en las ciudades con más de 20.000 habitantes existen 624 barrios catalogados como vulnerables por sus malas condiciones de calidad de vida y habitabilidad, en los cuales viven más de cuatro millones de personas.
