Zaragoza. El Gobierno de Aragón ha rescindido durante el último año 12 alquileres cuyo importe anual supera el millón y medio de euros (1.555.995 euros). A ellos se añadirán en las próximas semanas otros 10 que comportan un pago anual conjunto de 1.554.915 euros, de modo que la cifra conjunta de los alquileres rescindidos durante el primer año de la presente legislatura superará los 3,1 millones de euros sobre una cantidad global de 6,3 millones de euros que es a lo que ascendía la suma de todos los alquileres que habían de satisfacer anualmente los diferentes Departamentos y organismos públicos del Ejecutivo autónomo.
Los alquileres rescindidos hasta la fecha afectan a servicios administrativos y de atención al ciudadano que se han trasladado a otras dependencias propiedad de la Administración de la Comunidad Autónoma, como el propio Edificio Pignatelli, el de San Pedro Nolasco y el recinto Expo en Zaragoza o los edificios de las calles San Jorge y Ricardo del Arco en Huesca.
Entre ellos se encuentra el traslado del Departamento de Política Territorial e Interior que abandona “Puerta Cinegia”, edificio en el que ocupaba toda la segunda planta con un coste de 36.000 euros mensuales, y pasa a ocupar un espacio del Edificio Pignatelli.
Además, durante estos meses se han trasladado la Agencia Aragonesa de Seguridad Alimentaria, la Ventanilla Única Empresarial –trasladada a la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza-, las sedes de Aragonesa de Servicios Telemáticos, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental y el Instituto Aragonés del Agua, la Oficina de Empleo de la Almozara y las Direcciónes Generales de Justicia y Urbanismo. Los de próxima rescisión son de la misma naturaleza y como ha ocurrido hasta ahora su traslado será comunicado oportunamente en el caso de que sean puntos de atención al ciudadano.
La cifra de 3,1 millones de euros en alquileres rescindidos durante el primer año de legislatura del actual Gobierno de Aragón supera en casi un millón la previsión hecha inicialmente para este plazo cuando se puso en marcha el Plan de Racionalización del Gasto Corriente actualmente en curso.
Este plan incluía entre sus 104 medidas y en el apartado de Gestión del Patrimonio una (la nº 58) destinada a evitar la contratación de arrendamientos para la ubicación de servicios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, mediante la rescisión de los contratos vigentes conforme a los términos pactados en cada uno de ellos y en función de la disponibilidad de espacios propios.
La finalidad de esta medida es racionalizar el uso de los espacios públicos aprovechando mejor los propios y ahorrar en el pago a terceros siempre que sea posible, ya que hay determinadas dependencias que por sus características y necesidades no pueden abandonar sus emplazamientos actuales aunque sean del alquiler.
