Madrid. ADECES (Asociación Pro Derechos Civiles Económicos y Sociales) quiere hacer público su rechazo y denuncia del intento del Ministerio de Fomento de rebajar “con carácter general, la clase de reacción al fuego exigida hasta ahora” en las fachadas, permitiendo la utilización de materiales que estaban excluidos y “habilitando el uso de diferentes soluciones que permitan una mayor flexibilidad constructiva”. ADECES se ve en la obligación de recordar a los responsables del Código Técnico de la Edificación (CTE) que deben actuar defendiendo el interés general.
Los motivos para el rechazo y la denuncia se basan en los incendios ocurridos en nuestro país, como el de la Maternidad de O’Donnell en Madrid y otros, son motivos suficientes para considerar que las fachadas de los edificios deben tener un alto nivel de seguridad contra incendios, es decir, que los materiales deben ser incombustibles. Por ello, el interés general obliga a que las normas en materia contra incendios tienen que estar del lado de la seguridad, por los bienes jurídicos implicados, empezando por la vida e integridad de las personas.
La asociación argumenta, además, que es irresponsable tratar de justificar, tal y como hace el Ministerio, la rebaja de las exigencias de seguridad contra incendios, basándose en el comportamiento de los materiales en el laboratorio, ya que los incendios reales se encargan de demostrar que el comportamiento no es idéntico. Es preciso reiterar que las normas tienen que estar del lado de la seguridad.
También que es incoherente traer a colación las normas menos exigentes de otros países para justificar el cambio normativo que se pretende, porque dichas normas ya estaban vigentes antes de la aprobación del CTE, y es una pura manipulación olvidar que en otros países los materiales tienen que ser incombustibles, es decir, la norma es más exigente que la actual en España; y es que la experiencia nacional e internacional demuestran que en este aspecto no se puede ni se debe bajar la guardia.
Por ello, ADECES denuncia que los máximos responsables del CTE tratan de devaluar los contenidos aprobados en el mismo, a pesar de que las exigencias térmicas, acústicas y de seguridad contra incendios son menores que las de otros países de la UE. La primera vez fue en octubre de 2008, por intentar retrasar la entrada en vigor de la parte acústica del CTE, aplazamiento especialmente defendido por el Consejo de Arquitectos y promotores.
