Apenas unos meses después de dar su brazo a torcer con el proyecto minero de Tapia de Casariego, el Gobierno de Asturias ha vuelto a autorizar una nueva investigación minera en zona protegida. En esta ocasión se trata de un paraje situado en una zona enmarcada dentro del Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa y catalogada de Lugar de Interés Comunitario, Zona de Especial Protección para las Aves y Reserva de la Biosfera.
El Gobierno asturiano ha pasado por alto el Plan Rector de Uso y Gestión vigente sobre el Parque Natural en el que se establece la prohibición explícita de las actividades mineras. Entre las actuaciones que ya ha autorizado el Principado de Asturias para esta posible futura mina de carbón se encuentran 10 calicatas (perforaciones para determinar la existencia del mineral), 1.000 metros de sondeos exteriores y 600 metros de sondeos interiores en una zona de 3,3 millones de metros cuadrados, aseguran desde la Coordinadora.
En el espacio elegido para el proyecto habitan especies protegidas y amenazadas como el oso y el urogallo, indican los ecologistas, quienes apuntan que se trata de “una zona en gran parte de uso restringido especial de acuerdo a la actual zonificación del espacio natural”.
El Gobierno asturiano no ha atendido las alegaciones realizadas por los grupos ecologistas, en relación a las numerosas deficiencias del proyecto presentado por la empresa, además de no cumplir el documento ambiental con los contenidos mínimos establecidos por el marco legal recogido en el RDL 1/2008.
Entre la información que falta, la organización destaca que se acomete en un espacio natural, el plan general de investigación que se prevé realizar, el procedimiento y medios a emplear, el equipo técnico del que dispone el solicitante, si se van a abrir nuevas vías de acceso que afecten a la vegetación existente, el informe favorable del Servicio de Patrimonio Cultural del Principado que descarte la afección a yacimientos arqueológicos o la falta de un inventario ambiental suficiente "que recoja adecuadamente la afección a aguas subterráneas ni a los acuíferos existentes en la zona”.
Llega esta sorprendente decisión del Ejecutivo asturiano apenas dos meses de que se pusiera fin a décadas de polémicas sobre el proyecto de mina de oro en el municipio de Tapia de Casariego.
Ante la movilización ciudadana, el gran número de alegaciones y los informes desfavorables de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC). al Gobierno del Principado no le quedó más remedio que emitir un informe desfavorable mediante una resolución de 26 de diciembre de 2014, de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, que, además, deja sin efecto la de Diciembre de 2012 que permitía la mina de interior.
