Madrid. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo se encuentra en Madrid para reunirse con más de 40 ciudadanos y con Pablo Saavedra, Director General de Sostenibilidad de la costa y el mar del Ministerio de Agricultura, con el fin de analizar las denuncias presentadas sobre la reforma de la Ley de Costas, y estudiar si vulnera las leyes europeas de protección medioambiental y de la propiedad privada.
La delegación parlamentaria estará liderada por la eurodiputada liberal austríaca Angelika Werthmann. Estará compuesta por los alemanes Rainer Wieland y Peter Jahr (PPE), la británica Marta Andreasen (ECR) y la danesa Margrete Auken (Los Verdes). Además, los diputados españoles Carlos Iturgaiz (PPE) y Willy Meyer (Izquierda Unitaria Europea) acompañaran a la delegación.
Durante su visita, la Comisión mantendrá encuentros con Pablo Saavedra, Director General de Sostenibilidad de la costa y el mar del Ministerio de Agricultura, ciudadanos que forman parte de las organizaciones denunciantes y otros representantes de la sociedad civil.
La Comisión de Peticiones visita España tras recibir 76 peticiones sobre un amplio abanico de cuestiones referidas a la Ley de Costas, y procedentes de todas las comunidades autónomas con litoral. La mayoría de ellas, por parte de propietarios de viviendas en la costa, insatisfechos con las modificaciones porque no cumplen los derechos de propiedad y protección medioambiental.
Los peticionarios pertenecen a la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas o de asociaciones vecinales y locales de la Costa Brava (Girona), El Saler (Valencia), Alicante, Mazarrón y el Cabo de Palos (Murcia), Almería, Huelva o Tenerife, entre otras. En el caso del País Vasco, las reclamaciones van referidas a los molinos históricos amenazados por la Ley de Costas.
La Comisión de peticiones también se reunirá con organizaciones medioambientales que han expresado su disconformidad con la reforma por considerar que pone obstáculos a la protección de la costa y crear incertidumbre entre los propietarios. La Comisión también ha recibido informes a favor de ciudadanos que están mayoritariamente de acuerdo con las medidas propuestas por el Gobierno español.
En España, la Ley 22/1988 que regula la protección, uso, determinación y policía del espacio público marítimo-terrestre y su ribera, fue aprobada el 28 de julio de 1988. Su reforma se encuentra en este momento en proceso de tramitación parlamentaria tras ser aprobada el pasado 20 de Febrero por parte de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, y su envío al Senado para su debate y posterior votación.
La norma, en el caso de ser aprobada, salvará del derribo durante 75 años a más de 3.000 chiringuitos y 10.000 viviendas de la costa, que tendrían que haber sido derribados a partir de 2018 según se indica en la ley aprobada en 1988 y cuya reforma ahora se aborda.
Además, si la modificación a la ley sale adelante, diez barriadas históricas de Alicante, Girona, Huelva, Málaga y Valencia serán igualmente preservadas, la isla de Formentera recibirá un trato especial por su configuración geológica y se contemplará la prórroga de actividad de industrias contaminantes, si la autoridad competente medioambiental informa de manera favorable.
