Mérida. El Gobierno de Extremadura, a través de la Dirección General de Medio Ambiente, está coordinando la planificación de los trabajos que deben llevarse a cabo en la región para cumplir con la normativa vigente en materia de gestión de Residuos procedentes de la Construcción y de la Demolición (RCD).
Para ello ha mantenido un encuentro con representantes de las Diputaciones Provinciales y de la Fempex en la que se han marcado las prioridades y líneas de actuación a corto y medio plazo.
El director general de Medio Ambiente, Enrique Julián Fuentes, que ha presidido este encuentro, ha destacado que se está trabajando intensamente para garantizar el desarrollo de las infraestructuras previstas en la normativa aplicable, tanto en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, como en el Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Enrique Julián ha recordado que desde el 1 de enero los RCD deben depositarse y tratarse en infraestructuras previamente acondicionadas y autorizadas para tal fin. En estos momentos la situación es muy distinta en las dos provincias.
En el caso de Cáceres, está en fase de ejecución el Plan de la Zona Norte, que se completará antes de finales de año, mientras que en la primera quincena de junio se firmará un convenio entre la Diputación Provincial y el Gobierno regional para aprobar un plan similar para el sur de la provincia, que se extenderá hasta diciembre de 2013.
En cuanto a Badajoz, en esta provincia ya se han tramitado desde el sector privado instalaciones de almacenamiento de RCD en Badajoz, Azuaga, Ribera del Fresno y Hornachos, mientras que existen plantas de reciclaje, también privadas, en Almendralejo, Olivenza, Don Benito y Mérida. Sin embargo, señala el director general, estas instalaciones aún están lejos de ser suficientes para dar respuesta a la demanda empresarial, como demuestra el hecho de que desde enero la Guardia Civil haya impuesto más de 70 sanciones por el incumplimiento de la normativa.
Para tratar de hacer frente a la situación, la Diputación de Badajoz se ha comprometido a presentar en menos de un mes un proyecto global de actuación y se está estudiando desde la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía la posibilidad de autorizar plantas móviles de tratamiento de RCD para garantizar el acceso al servicio en todos los municipios.
El objetivo de la Dirección General de Medio Ambiente es planificar las actuaciones a desarrollar a corto y medio plazo teniendo en cuenta la situación de partida de cada provincia, de forma que puedan aprovecharse las infraestructuras que ya están en marcha para alcanzar el objetivo final de garantizar una adecuada gestión de los RCD en toda Extremadura.
