ASAGUA, Asociación Española de Empresas de Tecnologías del Agua, ha denunciado en su Asamblea Anual la escasa inversión en el sector, que ha propiciado bajas exorbitantes en las licitaciones de los últimos años, y reclama su modificación con un nuevo ciclo inversor.
Aunque la Administración ha manifestado estar de acuerdo en lo negativo de la situación, no se atisban cambios y se puede dar el caso y, de hecho, se ha dado, en el que la empresa adjudicataria es la que presenta la oferta técnica peor valorada, debido a la prevalencia de la oferta económica sobre la técnica. ASAGUA afirma que «es la consecuencia de utilizar un pliego que, entre otras cosas, define una temeridad demasiado amplia, no establece umbrales para descartar las ofertas que no alcancen un nivel técnico razonable e impone una fórmula inadecuada para establecer el valor de las ofertas económicas». Y afirma que «la temeridad se debe aplicar sin excepciones, por seguridad jurídica y para desalentar las bajas fuera de toda razón que hacen penoso el cumplimiento del contrato, cuando no provocan su rescisión, con tan malas consecuencias para los intereses públicos».
En lo referente al Pacto Nacional por el Agua, ASAGUA considera que los acuerdos sobre medidas económico-financieras deben formar parte de dicho pacto y que para cumplir los objetivos son necesarios recursos económicos que atiendan los déficits hídricos para conseguir un estado medioambiental sano, actuar para paliar los riesgos de inundación y catalizar las acciones de gobernanza. Para lograrlo, ASAGUA propone al Ejecutivo que las actuaciones programadas para cumplir los objetivos previstos en la planificación hidrológica a desarrollar en cada anualidad, sean totalmente vinculantes de modo que se cumplan las partidas presupuestarias que las avalan y no dependan del partido político gobernante. Solo así se hará realidad la depuración integral de España, imposible sin los necesarios recursos económicos.
La Asociación reclamó en su Asamblea «el establecimiento de un regulador único que ayude a cumplir los objetivos de solidaridad» y cree primordial la puesta en marcha de acciones educativas, para que la sociedad entienda y asuma que el coste de los servicios del agua lo debe pagar el usuario y que el respeto a la naturaleza es la herramienta más efectiva para luchar contra el cambio climático. No se trata de pagar por contaminar, si no de no contaminar.
España sigue y seguirá incumpliendo la Directiva Marco del Agua si no hay una apuesta política clara y contundente. Hay varios procedimientos abiertos contra España, alguno de ellos con sentencia condenatoria, que conllevarán fuertes multas. Además, pidió al Ejecutivo que desarrolle la colaboración público-privada, la compra pública de innovación y la reforma de la Ley de Aguas, la actualización de los Planes hidrológicos y que aborde la cuestión de las competencias, que siguen residenciadas en los entes locales. Es urgente revertir la situación actual para que el tejido empresarial se reorganice y la administración hidráulica disponga lo necesario para atender las demandas sociales y cumplir con Europa.