La polémica concesión, por parte de la Generalitat de Catalunya, de la explotación de la gestión de Aigües Ter-Llobregat (ATLL), parece que toca a su fin. Y lo hará revocando la adjudicación inicial otorgada al consorcio liderado por Acciona junto al banco brasileño BTG Pactual, que hace meses se desmarcó del proyecto previendo lo que iba a suceder.
Para llevar a cabo la revocación, dando cumplimiento a la resolución del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC), que invalidó esa adjudicación, el Gobierno catalán ha debatido esta semana entre entregar el contrato —la mayor privatización realizada en Cataluña con un valor de 995,5 millones de euros— a Agbar, que compitió con Acciona por el contrato, o convocar un nuevo concurso.
La Generalitat adjudicó a Acciona la concesión de la sociedad que abastece de agua el área metropolitana de Barcelona a finales del 2012, pero el otro grupo ofertante, Agbar, recurrió el concurso al Organ Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya (OARCC), una entidad dependiente de la Generalitat, que le dio la razón. Desde entonces, ambas partes se han enzarzado en un cruce de litigios que han dejado el concurso en el aire.
Caso de que finalmente se revocara oficialmente la concesión, se generaría otra conflicto jurídico ya que Acciona considera que los mismos presuntos fallos que se atribuyen a la oferta de Acciona, también los presenta la de Agbar, por lo que la recurrirían en los tribunales.
El punto más relevante de conflicto es qué pasa con los 1.000 millones de euros que se anotó la Generalitat en el 2012. Economía ha consultado a la Intervención General del Estado cómo se habría de computar y concluye que, en caso de que se anule el concurso, el Gobierno catalán debería anotarlo como déficit en ese momento.
Ante la nueva derivada del tema, el consorcio liderado por Acciona se ha pronunciado en el sentido de que la revocación de la concesión puede afectar negativamente a la credibilidad y estabilidad de Cataluña como entorno seguro para la inversión”. Y avisa del riesgo de consolidar una situación de monopolio de hecho en la prestación del servicio de agua en Cataluña, si Agbar se queda con ATLL.
No obstante, desde Acciona todavía dejan la puerta abierta a que la Generalitat adopte las decisiones que correspondan respecto a la continuidad de la relación contractual, respetando las obligaciones y atendiendo a las responsabilidades que igualmente le incumben.
