Barcelona. Al final, y aunque estemos en plena deriva nacionalista y a punto de iniciarse la campaña electoral con vistas a los comicios del 25-N, la Generalitat de Cataluña ha aparcado a un lado estos postulados para mirar solamente por la ‘pela’ a la hora de otorgar la gestión de la empresa pública Aigües Ter Llobregat (ATLL).
A pesar de las fuertes presiones al más alto nivel, el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recorder, se ha ajustado a los criterios del pliego para adjudicar la concesión a Acciona en lugar de, como muchos pedían, decantarse por la catalana Agbar.
Son 995,5 millones los que Acciona abonará por abastecer de agua durante los próximos 50 años los depósitos de cabecera de la ciudad de Barcelona, su área metropolitana y nueve comarcas de su entorno, donde residen cinco millones de habitantes. Casi 300 millones se aportarán a la firma del contrato, gracias al crédito sindicado rubricado la pasada semana. Los casi 700 millones restantes aplazados en vencimientos a lo largo de la concesión.
Acciona y el banco de inversores brasileño BTG Pactual cuentan, a partes iguales, con el 78% del capital del consorcio. El resto, queda en poder de accionistas minoritarios como el presidente del periódico Ara y vicepresidente del grupo Havas, Ferrán Rodés; y el del holding de inversiones Barcel Euro, Manuel Torreblanca.
No obstante, y aunque tiene pocas posibilidades de prosperar –se adjudicó a quien presentaba la mejor oferta, con el canon más bajo– Agbar ha tomado la decisión de impugnar la licitación y recurrir a los tribunales por estimar que la oferta realizada por el grupo de la familia Entrecanales se basa en una baja irreal, únicamente realizada para adjudicarse el contrato, pero muy difícil de que pueda llevarse a cabo.
Agbar acudía al concurso con los fondos First State y Caisse Dépôt, además de otras empresas catalanas como Mina Pública Aigües de Terrassa, Companyia d'Aigües de Sabadell, Acsa Sorigué, Copisa y Constructora Calaf.
