Madrid. 400 millones son muchos millones, pero interés hay. El Canal de Isabel II, que hace un mes tomó la decisión de no vender de momento el 49% de la entidad debido a la mala situación económica y de los mercados, pero sí crear una sociedad anónima cuyos accionistas serán la Comunidad de Madrid (80%) y los ayuntamientos adheridos (el 20%), parece tener interés en el proceso de privatización de Aigües Ter Llobregat (ATLL), la empresa pública catalana con la que la Generalitat pretende hacer caja. A esos 400 millones de desembolso inmediato se unirían los 600 millones de canon a abonar durante un periodo de 50 años.
De momento no se ha iniciado formalmente el proceso para adjudicar la concesión, pero el Canal de Isabel II ya habría conocido los requisitos en que se fijaría esta licitación, extremo que fuentes de la sociedad madrileña no han descartado.
Además del supuesto interés del Canal de Isabel II, también han mostrado interés por la empresa pública, inserta en la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), tres compañías privadas: Aguas de Barcelona (Agbar), Comsa Emte y Aqualia (FCC), aunque su decisión de ofertar o no por la compañía no se tomará hasta conocer los detalles recogidos en el preceptivo pliego de condiciones.
Como ya le ocurriera al propio Canal de Isabel II en su propio proceso de privatización, la actual situación financiera de las empresas y las dificultades existentes para obtener crédito bancario con el que afrontar una inversión de este calibre no escapan a la propia Generalitat, por lo que habrá que ver si finalmente el precio de venta barajado inicialmente se mantiene o, si por el contrario, la cantidad se rebaja.
En este tira y afloja por obtener recursos, el Gobierno presidido por Artur Mas tendrá la última palabra. Quizá sea mejor bajar el precio y garantizar que alguna de las empresas interesadas esté en condiciones de pagarlo que mantenerlo y ver cómo la concesión queda desierta.
