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Vecinos Felices alerta del impacto negativo de la reforma fiscal sobre el mercado inmobiliario en Cataluña

Mercedes Blanco, CEO de Vecinos Felices y vocal de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Comercio de Barcelona, ha advertido que la nueva reforma fiscal autonómica perjudicará seriamente la inversión en el sector inmobiliario y encarecerá aún más la vivienda. Entre los cambios más polémicos figura la subida del ITP hasta el 13% para viviendas de alto valor y la supresión de bonificaciones clave para la rehabilitación de inmuebles. Según Blanco, sin incentivos adecuados, se reducirá la oferta de viviendas en buen estado y se incrementará la presión sobre los precios, dificultando el acceso a la vivienda y deteriorando el parque residencial.

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La reciente reforma fiscal que entra en vigor el próximo 27 de junio de 2025 afectará significativamente al mercado inmobiliario en Cataluña. Según Mercedes Blanco, vocal de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Comercio de Barcelona y CEO de Vecinos Felices Administración de Fincas, las medidas adoptadas supondrán un encarecimiento de la vivienda y un freno a la inversión en el sector.

Entre los cambios más relevantes, destaca la derogación del artículo 641.8 sobre la bonificación de la cuota para la transmisión de viviendas a empresas inmobiliarias, la cual afectaría de manera sensible al tejido de compraventa de vivienda. Blanco advierte que esta decisión «desincentiva la inversión de empresas en la compra de viviendas para reformarlas y venderlas», lo que traerá como consecuencia el deterioro progresivo del parque inmobiliario.

«Muchos compradores prefieren adquirir viviendas ya reformadas porque no cuentan con los recursos, el tiempo o los conocimientos necesarios para asumir una reforma. Sin incentivos para los inversores, la oferta de viviendas en buen estado disminuirá», señala Blanco.

Modificaciones en transmisiones patrimoniales y donaciones

Las modificaciones en el nuevo marco fiscal incluyen un incremento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), que llega hasta el 13% en viviendas de alto valor y un 20% para grandes tenedores. También se establecen nuevas condiciones para la deducción del alquiler y modificaciones en el régimen de donaciones destinadas a la adquisición de vivienda. Para los jóvenes menores de 35 años y víctimas de violencia machista con una base imponible inferior a 36.000 €, el tipo del ITP se fija en un 5%, mientras que para las viviendas de protección oficial se mantiene en un 7%.

Asimismo, la modificación del régimen de donaciones establece un plazo de seis meses desde la primera donación para la adquisición de vivienda, lo que puede generar incertidumbre entre quienes dependen de esta vía de financiación para acceder a una propiedad.

La vocal de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Comercio de Barcelona señala que este conjunto de medidas afectará principalmente a los compradores particulares que buscan acceder a una vivienda sin los conocimientos o recursos necesarios para afrontar una reforma. «El mercado inmobiliario necesita inversión para mantener y mejorar el parque de viviendas disponibles. Si expulsamos a los inversores que rehabilitan inmuebles, estamos condenando a muchos compradores a un mercado con una oferta cada vez más escasa y deteriorada», explica Blanco.

El precio de la vivienda, principal preocupación

El nuevo marco legal afectará así a uno de los principales temas de debate del sector durante los últimos meses: el precio de la vivienda. «El aumento de impuestos se traduce directamente en un encarecimiento de la poca oferta existente, lo que dificultará aún más el acceso a la vivienda para muchos ciudadanos», advierte Blanco.

La subida del ITP y la eliminación de incentivos para inversores, explica la experta, repercutirán en la movilidad del mercado inmobiliario, dificultando la compraventa de viviendas de segunda mano.

Las previsiones para los próximos meses no son esperanzadoras. Para Blanco, la situación no mejorará a corto plazo si no se adoptan políticas que fomenten la inversión responsable en el sector. «Se necesita un equilibrio entre la protección de los inquilinos y compradores y la creación de un marco atractivo para quienes invierten en la mejora del parque inmobiliario. Sin esta inversión, el acceso a viviendas en condiciones óptimas será cada vez más difícil y costoso», concluye.

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