Tanto el Gobierno español el pasado mes de marzo como el Govern de la Generalitat de Catalunya, en mayo, han tratado de poner en marcha medidas políticas para la regulación del sector del alquiler en España. Medidas que, si bien no se han llegado a aplicar de manera definitiva, ponían sobre la mesa elementos jurídicos que incrementaban la seguridad del arrendatario como el incremento en la duración de los contratos, la vinculación del incremento de las rentas anuales al IPC o la creación de un índice «oficial» de precios de la vivienda, entre otras medidas. En el caso de la Generalitat de Catalunya, la propuesta llegaba a dar el poder al Ayuntamiento de Barcelona de limitar el precio del alquiler de residencias ubicadas en zonas de máxima demanda inmobiliaria.
En este sentido, desde el Consejo General de COAPIs de España se considera de «vital importancia implementar una regulación eficaz y actualizada del sector del alquiler para garantizar el correcto acceso a la vivienda por parte de la ciudadanía». Así pues, Gerard Duelo, presidente de la organización y del COAPI de Barcelona, subraya que «el vaivén legislativo perjudica de manera notable al sector, pues no da seguridad a nadie: ni a arrendadores, ni a arrendatarios, ni a inversores, ni a los propios API. Y, si bien la reforma del alquiler ha de ofrecer estabilidad a largo plazo para propietarios e inquilinos, que un gobierno determinado intervenga en exceso en la evolución del mercado inmobiliario puede ser peligroso».
Las vías de actuación que propone el presidente del Consejo General persiguen el control indirecto de los precios a partir de medidas que no resulten intrusivas para el mercado y permitan el equilibrio entre oferta y demanda. En este sentido, incrementar el parque de viviendas de uso de social, la incentivación fiscal para los propietarios de viviendas y, sobre todo, la regulación de manera efectiva de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) como forma de incrementar la oferta disponible para alquileres de larga duración, son algunas de esas medidas.
«Los APIs estamos de acuerdo en la necesidad y urgencia de regular el mercado del alquiler de grandes ciudades como Barcelona y Madrid. No obstante, el cómo, el cuándo y el dónde se deberán aplicar estas medidas deberá ajustarse de manera precisa y acorde con las necesidades y características de cada mercado», indica Duelo.
Así, el objetivo principal del sector inmobiliario en las grandes ciudades españolas pasa por conseguir la proporción entre la renta per cápita de los residentes y el precio medio de los alquileres, que en estos momentos en las dos principales ciudades del país se sitúa en los 950 euros mensuales (15 euros/m2), un 35% más que hace cinco años.