En España se invirtieron 3.500 millones de euros en patrimonio inmobiliario no residencial durante el primer semestre del año. Desde Laborde Marcet, empresa que gestiona patrimonio e inversiones inmobiliarias, se ve con optimismo que un 70% de esa inversión provenga del capital extranjero, pero se demanda más «claridad legislativa» para aumentar la cifra de 2.140,6 millones extranjeros repartidos entre oficinas, hoteles, instalaciones logísticas y el sector retail (centros comerciales, parques de medianas superficies, hipermercados y supermercados).
Acabando con la tendencia positiva registrada en 2015, la inversión inmobiliaria no residencial en España cayó un 30% en la primera mitad del año. En un momento de aceleración global del mercado inmobiliario, el sector pide medidas a la Administración Pública para provocar mayor dinamismo a las inversiones.
«Sería importante modificar la moratoria hotelera que afecta al mercado inmobiliario y pone en riesgo cerca de 10.000 puestos de trabajo vinculados a la construcción, mantenimiento y servicios de los establecimientos. La administración también debería agilizar el retraso en la inversión de proyectos clave y trámites urbanísticos», afirma Gerard Marcet, socio fundador de Laborde Marcet.
La Ley no evita la caída de la inversión inmobiliaria no residencial
Desde 2015 la Ley de Emprendedores fomenta la inversión permitiendo a los inversores extranjeros obtener un permiso de trabajo y residencia ya sea comprando una propiedad inmobiliaria de más de medio millón de euros, obteniendo acciones o participaciones de compañías por valor de un millón de euros o adquiriendo más de dos millones de euros en deuda pública.
Pese al aumento de las inversiones extranjeras, los expertos reclaman mayor exactitud en la ley. «Sería positivo ofrecer más claridad legislativa en relación con los visados de inversión por adquisición de activos inmobiliarios por más de 500.000 euros, puesto con la regulación actual no se deja claro si el visado de residencia concedido tendrá validez más allá de los 5 años desde la adquisición del activo», certifica Marcet.
