La Comunidad de Madrid garantizará más vivienda pública para los grupos de población más necesitados, como los jóvenes, y la seguridad jurídica de los inversores que quieran apostar por el sector inmobiliario en la región, como ha subrayado la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín.
La titular del departamento ha visitado hoy en Tres Cantos una de las parcelas donde se levantarán las primeras 5.406 viviendas del Plan Vive, iniciativa del Ejecutivo autonómico que aumentará de manera exponencial la oferta del parque público en alquiler a un precio asequible. En concreto, en torno a un 40% inferior al de mercado.
El municipio madrileño cuenta con dos parcelas incluidas en los tres primeros lotes del Plan Vive que están en fase de adjudicación definitiva. Ambas supondrán un total de 563 casas.
La consejera ha destacado que «el modelo en materia de vivienda del Gobierno regional ofrece certeza, apuesta por la colaboración público-privada para generar oferta sin restricciones ni limitaciones, pone suelo público en el mercado y amplía el parque público para ayudar a los jóvenes, que son los que más dificultades tienen para acceder a un piso».
En cuanto al aumento de oferta por el que apuesta la Comunidad de Madrid, el Plan Vive se une al de venta de suelo público, que incluye 191 parcelas ubicadas en 20 municipios de la región para uso residencial, comercial, industrial y hotelero. El 40% de estas ya se ha licitado y se ha recibido ofertas por prácticamente el 100% de ellas, con una previsión de sacar al mercado el 60% del total antes de que finalice el año.
Seguridad jurídica para todos
Martín ha recalcado que las limitaciones que plantea la nueva Ley estatal de Vivienda ponen en peligro las inversiones en curso y hará que los promotores salgan del país. «Esta ley, en vez de ofrecer seguridad jurídica, incitará a una fuga de inversores allá donde se aplique, dificultará aún más el acceso a la vivienda y conllevará una menor creación de empleos en el sector», ha denunciado.
Ante este ataque a la propiedad privada, la Comunidad de Madrid defenderá sus competencias frente a cualquier injerencia y dentro de este marco competencial blindará a los propietarios de vivienda y seguirá incentivando la inversión destinada a incrementar la oferta inmobiliaria, la actividad económica y la creación de empleo.
Cabe recordar que el sector inmobiliario supone el 14% del PIB y del empleo de la región. Además, el de la construcción es el que más influye en el resto de los sectores económicos.
Si extrapolamos los efectos de la norma en autonomías en las que se está aplicando ya la limitación de los precios del alquiler, el resultado es que dejarán de iniciarse 2.370 viviendas al año de obra nueva destinada al alquiler libre, con una reducción de la inversión de 730 millones de euros, lo que afectaría al empleo de prácticamente 5.700 personas.
