El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos (GPCs), Juan Carlos Girauta, ha avisado que «debemos atajar el problema de la okupación porque en España hay escasa protección a la propiedad privada».
El portavoz de la formación liberal, que ha defendido una interpelación urgente al Gobierno para prevenir y atajar el problema de la ‘okupación’, ha explicado que «el derecho a la propiedad privada es fundamental en cualquier ordenamiento jurídico avanzado. El artículo 33 de nuestra Constitución lo consagra», y ha afirmado que «cuando haya indicios de delitos como vulneración de derechos humanos, debería ser causa para entrada, registro e identificación de los ocupantes».
«Miles de personas cada año no pueden entrar en su casa tras una corta ausencia o las vacaciones. Tanto los vecinos como los propietarios son víctimas. Hay deterioro de la convivencia donde se produce este fenómeno», ha reseñado Girauta, quien ha ido más allá, denunciando que este tipo de ocupaciones pueden originar problemas adicionales, como el tráfico de drogas, e incluso ha llegado a relacionar el «descontrol» sobre las ocupaciones con amenazas como el terrorismo.
Ciudadanos ha anunciado que presentará iniciativas al respecto tanto en el Congreso de los Diputados como en los ayuntamientos para abordar el fenómeno y tratar de erradicarlo.
Según la formación naranja, que recoge en su iniciativa datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los delitos por ocupación de edificios y viviendas tipificados como usurpación han experimentado entre 2011 y 2015 un aumento del 300%, hasta registrarse 3.278 casos en el último año documentado.
Barcelona, junto a Madrid, es una de las grandes ciudades más afectada por la ocupación de fincas. Y no solo de propietarios privados. Esta misma semana, el Ayuntamiento presidido por Ada Colau veía cómo era ocupado un inmueble en el distrito de Ciutat Vella.
Un edificio de siete viviendas y un local, todos ellos de propiedad municipal, donde el consistorio Ayuntamiento prevé construir viviendas sociales. El proyecto ya está licitado y está previsto que las obras comiencen a finales de año.
Ahora, el consistorio buscará primero una solución pactada porque los ocupantes dejen voluntariamente la finca, una vía que aseguran fuentes consistoriales que es la prioritaria, pero también ha iniciado los trámites para la denuncia, por si hiciese falta proceder al desalojo.
