Alcaldes, alcaldesas y tenientes de alcaldía de Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa y Sabadell se han reunido para acordar una estrategia común en materia de vivienda y para pedir herramientas legales y presupuestarias. Durante el encuentro, los municipios han reclamado al Estado español más compromiso e inversión, y a la Generalitat de Catalunya, que convoque un pacto nacional por el derecho a la vivienda que tenga en cuenta las necesidades municipales.
Los seis municipios coinciden en la preocupación por el aumento abusivo de los precios del alquiler y por la actividad de las mafias que ocupan pisos y los realquilan. Se considera que el anuncio del Gobierno del PP de impugnar la nueva Ley 4/2016 de Emergencia Habitacional, aprobada después de la suspensión de medidas de vivienda de la Ley 24/2015, es un ataque al derecho a la vivienda. Las alcaldías reclaman herramientas legales y más presupuesto proveniente del Estado para la gestión municipal de las políticas de vivienda en el marco de un nuevo plan estatal.
El Gobierno español destina en la actualidad un 0,05 % del producto interior bruto (PIB) a vivienda. El presupuesto estatal ha pasado de los 1.555 millones de euros del año 2009 a los 466 millones de euros del 2017. Con relación a esta bajada, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha manifestado su descontento.
«La bajísima inversión prevista en vivienda por el Estado español les tendría que avergonzar, porque la bajada del 70 % del presupuesto estatal destinado a vivienda no tiene comparación a escala europea», ha dicho. Francia destina un 1,8 % del PIB a la financiación de políticas de vivienda, veinte veces más que el Estado español. «Los ayuntamientos estamos aquí para denunciar que, una vez más, nos quedamos solos ante la trinchera de la vulneración del derecho en la vivienda», ha denunciado Colau.
Con respecto al aumento de los precios del alquiler, la alcaldesa de Barcelona ha recordado que el incremento «ya no afecta solo a familias vulnerables, sino también a personas jóvenes y familias de clase media». También ha alertado de la situación provocada por la reducción de la duración de los contratos. «Con la última reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, el Estado redujo a tres años los contratos de alquiler y ahora se están acabando en un contexto de subida de precios. Eso provocará una nueva oleada de desahucios», ha anunciado.
Ante la desprotección legal de los ayuntamientos con respecto a la vivienda, los seis municipios reclaman a la Generalitat la convocatoria del Pacto Nacional por el Derecho a la Vivienda para que los municipios puedan participar en las políticas de vivienda. Este pacto impulsaría herramientas nuevas para afrontar los diferentes problemas relacionados con la vivienda: situaciones de emergencia que llevan a procesos de desahucio, la pérdida de residentes, los empleos o el incremento de precios y el estallido de una nueva burbuja inmobiliaria, entre otros.
